El Senado aprobará una reforma legal para forzar a la Fiscalía a perseguir de oficio los actos proetarras

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 05/01/2026 05:48
  • Actualizado: 05/01/2026 05:48

El Senado aprobará, salvo sorpresas, una reforma legal que forzará a la Fiscalía a perseguir de oficio los actos proetarras, incluyendo –pero no sólo– aquellos que incluyan una «justificación del terrorismo» o los homenajes a condenados por pertenencia o colaboración con ETA. Será gracias a una proposición de ley presentada por el PP para modificar en ese sentido el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, proposición a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado, mientras el Gobierno de Sánchez sigue contando con los herederos políticos de ETA, Bildu, como socios preferentes en el Congreso.

En la práctica, y esto es especialmente relevante, el texto legal resultante de la proposición del PP podría abrir la puerta a obligar también a la Fiscalía a actuar contra manifestantes violentos de órbitas abertzales. Desde hace meses, desde diversas instancias se viene advirtiendo de un preocupante aumento de manifestaciones violentas protagonizadas por el extremismo abertzale y que se asimilan a la kale borroka en inspiración ideológica y métodos de acción. Uno de los recientes botones de muestra de esta situación son los graves incidentes, con agresiones incluidas contra demócratas, que se produjeron en el campus de la Universidad pública de Navarra el pasado 30 de octubre. Fueron cometidos por más de 200 encapuchados, que actuaron de forma organizada.

Según los populares, aunque teóricamente ese tipo de actos ya deben ser perseguidos por la Fiscalía, «la experiencia práctica pone de manifiesto que, en ausencia de denuncia o querella, estas conductas no siempre reciben una reacción institucional inmediata y eficaz, generando espacios de impunidad incompatibles con la dignidad de las víctimas y con la protección de los valores democráticos».

Lo que quiere el PP es recoger esa obligación de la Fiscalía con más nitidez, contundencia y amplitud, para que el Ministerio Público tenga que intervenir de oficio ante esos supuestos, sin necesidad de que medie querella o denuncia por parte de un tercero.

Para ello, según esta misma proposición de ley, la Fiscalía deberá establecer «criterios uniformes de actuación» para estos supuestos, «incluyendo protocolos de coordinación con las fiscalías territoriales y con la policía Judicial, así como un sistema estadístico de seguimiento».

Tramitación parlamentaria

La iniciativa legislativa lleva la firma de la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García Rodríguez. La Mesa del Senado le acaba de dar curso. Ahora se inicia el largo trámite parlamentario para su aprobación. Primero, en el Senado. El problema es que luego tiene que pasar al Congreso, y ahí se abre la incertidumbre sobre si llegado el caso se ratificará o no. Es decir, si esa reforma legal para endurecer la persecución de los homenajes a etarra será efectiva o se quedará en un intento fallido.

El Gobierno goza de un derecho de veto para bloquear la tramitación de iniciativas legislativas por parte de grupos parlamentarios. También en el Senado. Pero ese veto debe ser justificado por motivos presupuestarios: así, el Ejecutivo sólo puede impedir la tramitación de esta proposición de ley del PP si alega que su aprobación supondría una merma económica para el Estado, bien porque conllevara un aumento de los gastos o una reducción de los ingresos. Pero parece evidente que resultaría peregrino alegar tal efecto presupuestario en esta reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En la exposición de motivos de esta proposición de ley, el PP indica que «con esta reforma se precisa de forma expresa la obligación de la Fiscalía de actuar de oficio en los supuestos de enaltecimiento del terrorismo, homenajes a terroristas condenados y violencia callejera con finalidad terrorista, asegurando la persecución penal de estas execrables conductas, la dignidad de las víctimas y a defensa de los valores democráticos».

El texto de la reforma legal

La proposición de ley que tramita el PP en el Senado consiste en introducir un nuevo apartado al artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con este tenor literal: «Actuar de oficio en defensa de la legalidad y del interés público en los supuestos en que concurran conductas de enaltecimiento o justificación del terrorismo, de humillación a las víctimas o de actos de homenaje a personas condenadas por terrorismo, así como en aquellas manifestaciones de violencia o intimidación en el espacio público vinculadas a finalidades terroristas, impulsando de manera inmediata las diligencias de investigación y el ejercicio de las acciones que procedan».