Ribera, en la cuerda floja: Sánchez está «harto» de su ineptitud en plena crisis del decretazo
El Gobierno ocultó a las comunidades que pensaba imponer los 27º y el apagón a tiendas y bares
Sánchez impone su decretazo energético a los españoles 7 meses más de lo que le pide Bruselas
El decretazo chapuza de Sánchez: obliga a los 27º y admite a la vez que no puede pasarse de los 25º
El enfado de Pedro Sánchez con su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, va en aumento. Desde hace varios meses, el nombre de la vicepresidenta tercera está en todas las quinielas para ser una de las que abandone el Gobierno. El presidente «está harto» de «su ineficacia» en un momento en que el área que dirige Ribera es clave para la estabilidad social y económica del país. Hasta ahora, Sánchez «le ha dado margen», apuntan en su entorno, «consciente de la dificultad» de lidiar con un mercado cambiante tanto por las consecuencias de la guerra como por la dependencia de la legislación europea. De hecho, en las últimas semanas se han producido cambios dirigidos desde Moncloa en el equipo de la ministra -como en su dirección de comunicación- con la idea de “reforzar ese ámbito y comunicar mejor las decisiones”.
La ministra atraviesa ahora uno de sus momentos más críticos, tras la polémica por el decreto de medidas de «ahorro energético», que ha provocado la reacción de comerciantes, empresarios y también de varios presidentes autonómicos, como Isabel Díaz Ayuso. De hecho esas críticas, también de barones del PSOE aunque en privado, han obligado a la ministra a convocar una Conferencia Sectorial de Energía urgente para hoy lunes. En una muestra de improvisación, Ribera tuvo que salir a matizar que el límite de temperatura del aire acondicionado a los 27 grados no se aplicará en comercios y hostelería. Lo cierto es que ese límite, previsto en la nueva normativa, incumple la legislación de derechos laborales. El Gobierno ha convocado para este lunes una reunión de la Conferencia Sectorial de Energía con los consejeros del ramo -se intentó sustituir primero por una reunión «técnica»- a fin de abordar dudas sobre el decreto.
Las relaciones entre Sánchez y Ribera están enrarecidas desde hace meses. Principalmente, desde que se inició la crisis de la energía. Las dificultades para controlar los precios -si bien Moncloa se excusó siempre en que se trataba de un problema europeo-debilitaron esas relaciones. A partir de ese momento creció la desconfianza del presidente en su ministra. Sánchez puso bajo la lupa todas sus decisiones. Hasta el punto de que con el tope al gas, la excepción ibérica que defendió el jefe del Ejecutivo en Bruselas, él mismo decidió «implicarse al máximo». Transición Ecológica se encargó de los detalles de la propuesta y el decreto, no sin roces y retrasos, pero todo pasó por las manos de Moncloa.
Fusión
La desaparición de la vicepresidencia tercera en una próxima remodelación del Gobierno es una de las posibilidades que redundan en el imaginario del presidente.
De optar por prescindir de Teresa Ribera, sus funciones, según fuentes de su entorno, se unirían a las de Industria, Comercio y Turismo, con un cambio de denominación que incluiría también la Transición Ecológica y que bien podría dirigir Reyes Maroto o una nueva incorporación, en el caso de que Sánchez se quite de encima a las dos ministras madrileñas. Cabe recordar que, hace un año, Maroto celebró con su equipo su permanencia en el Gobierno con un mensaje que decía «la mejor noticia es que no hay noticia». Todos la daban ya entonces por amortizada.
Medidas
Las medidas con las que el Gobierno pretende ahorrar energía, imponiendo limitaciones y apagones a las comunidades autónomas y a los empresarios, se decidieron en base a una tormenta de ideas que la vicepresidencia de Transición Ecológica convocó de urgencia en La Moncloa.
En ese encuentro, que estuvo presidido por el propio Sánchez y la ministra, participaron cerca de 200 expertos. Fue ahí donde algunos de los citados por el Ejecutivo, colando como expertos a ecologistas fuertemente ideologizados, lanzaron la idea de limitar el aire condicionado a 27º o apagar los escaparates a las diez de la noche. Tras estudiar las distintas ideas, y sin consultarlo previamente con las autonomías que tienen el deber de vigilar su aplicación y sanción, el Gobierno las plasmó en el real decreto de obligado cumplimiento.
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