España

Rita Barberá dimite de sus cargos en el PP pero mantiene su escaño como senadora

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Rita Barberá dimite de sus cargos en el PP-es vocal electa en el Comité Ejecutivo Nacional- pero mantendrá su escaño como senadora.

El anuncio- hecho público por la propia Barberá en un comunicado con membrete del PP-llega tras las numerosas peticiones desde la dirección popular para que diese un paso atrás después de que, el martes, el Supremo le abriese causa por un presunto delito de blanqueo cometido por el PP en el Ayuntamiento de Valencia.

En el comunicado, Barberá aclara que su decisión de darse de baja en el PP obedece a que así se lo ha solicitado el partido. «Con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales», escribe.

La senadora admite además que se trata de una decisión «muy dolorosa», pero que le permite «actuar en plena libertad sin estar sometida a disciplina alguna para ejercer mi defensa de acuerdo con  el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 24.2 de la Constitución Española en los tribunales correspondientes contra las personas que hayan vulnerado el principio irrenunciable de la presunción de inocencia».

Desde el PP se había presionado con insistencia a la política valenciana para que se desvinculase del partido. Fuentes populares no esconden que el deseo hubiese sido que también dejase su asiento en el Senado.

En el comunicado, en cambio, Barberá anuncia su voluntad de «NO DIMITIR» (sic) de su escaño como senadora. Lo contrario, dice, «podría entenderse como una asunción de culpabilidad».

Una investigación «esperada»

La decisión se conoce un día después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya abierto formalmente investigación a la dirigente por «conductas concertadas para destinar ilícitamente dinero público a fines ajenos a los de la Administración» en su tarea como alcaldesa de Valencia.

Barberá asegura que la resolución del alto tribunal era «esperada» por existir ya «un procedimiento judicial previo en el que se investiga a otras 49 personas por el hecho objetivo de haber realizado una aportación de 1000 euros destinados a la campaña electoral».

«Por lo que resultaría incoherente no llevar a efecto este inicio de investigación pese a no existir contra mí testimonio directo de incriminación», defiende.

«De esta resolución se desprende que mi persona no goza de ningún privilegio, tal y como se ha intentado hacer creer a la opinión pública en burda manipulación, interesada políticamente», continúa explicando en la nota.

Barberá asegura que es su «interés y deseo» el inicio de las diligencias «que den lugar a mi declaración en el menor tiempo posible para el esclarecimiento definitivo de la inexistencia de ilícito alguno».

El Supremo le abre causa

Las indagaciones se centran en varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como donaciones de 1.000 euros de concejales y asesores que presuntamente les devolvió el partido en billetes de 500 para ‘limpiar’ la procedencia ilícita. Ahora, ha de determinarse si se le toma declaración o se archiva el caso.

La noticia ha caído en un contexto nada favorable a Barberá, con elecciones en Galicia y el País Vasco el 25 de septiembre y con Albert Rivera presionando a Mariano Rajoy para que hiciese dimitir a Barberá, que en todo momento se ha asegurado inocente y desconocedora de los hechos que se detallan en la documentación de la causa.

OKDIARIO ha publicado en las últimas semanas distintas informaciones que ayudan a comprender el fondo del asunto y que además de nombres y apellidos concretan cifras. Por ejemplo, que Barberá dio a su grupo municipal 95.000 euros en 2014, el doble de lo permitido, que su cajera hizo lo mismo con 38.000 euros en billetes o que la formación contaba con fondos más que suficientes para sufragar las campañas como para tener que pedir a sus empleados.

Presión en el PP

La causa abierta contra Barberá y la resistencia de la senadora ha abandonar su escaño ha provocado un visible malestar en el PP, sobre todo por la inminencia de las elecciones en el País Vasco y Galicia, y por la amenaza de Ciudadanos con retirar todo apoyo en otra hipotética investidura.

Varios dirigentes populares, como el candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, ya advirtieron este miércoles de que si Barberá no tomaba una decisión “la tendría que tomar la dirección del partido”. 

«Y yo entiendo que, si no toma una decisión adecuada hoy, la tendrá que tomar la dirección del partido. Esto es lo que esperamos desde aquí [desde Euskadi], aquí nos estamos jugando mucho, y creo que tampoco nos merecemos ir con este perjuicio a cuestas. Esperamos que Barberá tome una decisión y, si no la toma, esperamos que la dirección la tome», insistió Alonso.

Desde el PP se esperaba que este miércoles hubiese “una reacción clara” por parte de Barberá, en especial por las posibles consecuencias de la investigación para las elecciones del 25-S.

El candidato del PPdeG a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, consideró también que Barberá debería pensar «en España y en el PP» antes que en ella misma. «Espero que la decisión que tome sea pensando en España, pensando en el PP y poniendo sus legítimos intereses personales en segundo lugar», afirmó.

Barberá opta así por la solución menos drástica. Pasará al Grupo Mixto, lo que le permite salvaguardarse como aforada de cara a una imputación. De esta forma, evitaría ser juzgada por el tribunal ordinario de Valencia que instruye el caso Taula.

Esta situación tiene su paralelismo en el Congreso, y en el caso de Pedro Gómez de la Serna. El diputado del PP pasó a este grupo tras solicitar la baja del partido después de que la Audiencia Nacional admitirse a trámite una querella de Anticorrupción contra él, el exembajador Gustavo de Arístegui y otras seis personas por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.