El Rey no puede negarse a firmar la Ley de Amnistía acordada entre PSOE y Junts

• Juanan Jiménez
• Especializado en información nacional e internacional, breaking news, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología.
• • 07/03/2024 12:26
  • Actualizado: 07/03/2024 12:26

¿Puede negarse el Rey Felipe VI a firmar la Ley de Amnistía pactada entre el PSOE, Junts y ERC? Esa es la pregunta que cada vez más personas se hacen a tenor de la inminente aprobación en el Congreso de los Diputados del texto. Una vez pasados los trámites parlamentarios, el Rey deberá poner su firma al texto legal antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo para la Ley de Amnistía con las fuerzas independentistas que le sostienen al frente de la Presidencia del Gobierno para exonerar a todas las personas que participaron en el procés de aquellos delitos cometidos durante el desafío separatista catalán.

El trámite dará comienzo con el registro del texto de la norma con las modificaciones pactas por las formaciones políticas y tras el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde será sometido a una segunda votación –en la primera Junts tumbó el acuerdo– donde deberá obtener mayoría absoluta.

Una vez concluida la tramitación de la Ley de Amnistía el texto debe ser promulgado y sancionado por el Rey, como se hace con todas las leyes, que deben llevar la firma de Felipe VI antes de su publicación en el BOE, momento en el que comenzará la aplicación de la ley.

El escándalo de la venta de los siete votos de los independentistas de Junts a cambio de la Ley de Amnistía hace que muchos ciudadanos se pregunten si el Rey podría negarse a firmar el texto de la norma.

El Rey no puede negarse a firmar ninguna ley

El Estado español, según recoge la Constitución en el artículo 1.3, es una Monarquía parlamentaria, en la que figura un Jefe del Estado, en este caso el Rey, cuyos actos deben ser refrendados por el Gobierno al residir la soberanía en el pueblo español.

Dado que el Parlamento es elegido por los ciudadanos en las elecciones, el Rey no puede tomar decisiones de índole político y su papel se circunscribe únicamente al de moderador en el sistema político español.

El artículo 62 de la Constitución recoge que «corresponde al Rey» sancionar y promulgar las leyes. El refrendo viene recogido en el artículo 64 de la Constitución. Dicho artículo dice: «Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el presidente del Congreso».

Por tanto, Felipe VI no puede negarse a firmar la Ley pese a que la considera moralmente reprobable o vaya contra sus valores. Hay que recordar el discurso del Rey el 3 de octubre de 2017, el más importante desde que ascendiera al trono. Aquel 3 de octubre, Felipe VI se presentó ante los españoles y dijo frases tan contundentes como «con sus decisiones (los ahora amnistiados) han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado». Es por ello que no deja de ser paradójico que el Gobierno de Pedro Sánchez haga firmar al Rey la Ley de Amnistía que borrará de un plumazo todo lo sucedió antes, durante y después del 1-O.

El precedente de los indultos

El mismo caso al que se enfrenta en estos momentos Felipe VI ya se dio cuando Pedro Sánchez, en junio de 2021, decidió conceder los indultos a todos los líderes del procés, después de haber sido condenados por el Tribunal Supremo a penas de prisión que alcanzaron los 13 años.

De la misma manera que el Rey no puede negarse a firmar ninguna ley emanada del Parlamento, órgano de representación de la soberanía popular, la Constitución también recoge que el Monarca no es responsable del contenido de la norma y de las consecuencias que puedan derivarse de los posibles recursos que a posteriori se puedan presentar contra el texto legal.