El reto andaluz de PP y C’s: 84 empresas subvencionadas con 3.000 millones anuales que pierden 360

Treinta y seis años de gobiernos socialistas ininterrumpidos en Andalucía han dejado un sector público deficitario que se sostiene gracias a las subvenciones millonarias del gobierno regional. PP y Ciudadanos se han comprometido por escrito a realizar una auditoría para desmontar “el gobierno paralelo” que da cobijo a la militancia socialista en forma de cargos y empleos de todo tipo.

Esta auditoría ya se la ha realizado el Tribunal de Cuentas: las 84 empresas, fundaciones y consorcios públicos andaluces auditados por el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas presentan resultados negativos anuales por más de 360 millones de euros después de haber sido subvencionadas con más de 2.700 millones.

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público autonómico, correspondiente al ejercicio de 2015 y publicado el pasado mes de octubre, desnuda la realidad de las 46 empresas andaluzas de titularidad pública. Fueron auditadas 44 y el resultado de explotación fue negativo en más de 349 millones de euros. Y eso a pesar de haber sido previamente subvencionadas con 2.512 millones de euros.

El sector empresarial autonómico en toda España es deficitario, por importe de 4.051.149 millones. Sin embargo, según el Tribunal de Cuentas, “resultan relevantes los resultados negativos de las empresas de la Región de Murcia por importe de 2.033.890 miles de euros (13 entes), de la Comunidad de Madrid por 872.363 miles de euros (20 entes) y Andalucía 349.315 miles de euros (44 entes).

El sector empresarial gobernado por la Junta de Andalucía acabó 2015 con unas deudas totales de 4.772 millones de euros, 1.259 millones por préstamos de entidades financieras y el resto por deudas comerciales.

También las fundaciones

En el punto de mira del futuro gobierno del PP y Ciudadanos no sólo están las empresas públicas. Andalucía también cuenta con 20 fundaciones públicas, todas con resultados negativos antes de las subvenciones, según el informe del Tribunal de Cuentas, hasta sumar un importe total de 19,1 millones de euros, pese a haber aumentado en un millón de euros el importe de las subvenciones y transferencias aplicadas a la explotación respecto al ejercicio anterior (128,7 millones frente a 127,7 en 2014). Como reconocen los auditores, “en el supuesto de no computar estas subvenciones y transferencias, se obtendría un resultado negativo en el ejercicio 2015 por importe de 132 millones de euros”.

Sólo un consorcio en números verdes

Los consorcios forman el tercer gran grupo del sector público andaluza. Son 20 y, como en el caso de las empresas y las fundaciones, también sus resultados son negativos, incluso después de haber recibido en el ejercicio auditado 72,9 millones en subvenciones y transferencias. El Tribunal de Cuentas destaca la siguiente paradoja: el consorcio de “Transporte de Mercancías de Málaga” es el único que, pese a no haber recibido ningún tipo de ayuda pública en 2015, ofrece resultados positivos.

La deuda total contraída por los consorcios, a 31 de diciembre de 2015, ascendía a 33,800 millones. Y el Tribunal de Cuentas alerta de que el 88% de la deuda total representa deuda a corto plazo.

22.000 empleados

El sector público andaluz lo completan otros 15 entes públicos y 10 universidades. En total, 115 sociedades con alrededor de 22.000 empleados en nómina, cuyos resultados de explotación son siempre negativos pese a las subvenciones y transferencias con las que son regadas. Este entramado de empresas, sociedades, fundaciones y entes públicos están gestionados por cargos políticos, pero funcionan sin los controles a los que la administración pública está sometida por ley. Constituye “el gobierno paralelo” al PP y Ciudadanos se han comprometido a poner coto.

El acuerdo alcanzado por la coalición de centro-derecha se compromete a una auditoría integral del sector público de la que se encargará la Cámara de Cuentas y a la que se sumarán informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre los sueldos, los gastos corrientes y las transferencias de la Administración autonómica andaluza.