Redondo, acorralada por la investigación de fraude en las pulseras antimaltrato: «Bulos y mentiras»

• Carlos Carpio @carlos_carpio
• Subdirector de OKDIARIO. carlos.carpio@okdiario.com
• • 12/11/2026 12:55
  • Actualizado: 12/11/2026 14:03

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido hoy tras confirmarse que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado en la sede de su departamento para recabar documentación en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO). Las pesquisas se centran en un presunto fraude y un uso irregular de fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para maltratadores. En medio de la presión judicial y política por este registro, la titular de Igualdad ha intentado defender su gestión asegurando que existe «transparencia absoluta» y tachando las informaciones y acusaciones de «bulos y mentiras».

El operativo de la UCO se ha extendido de forma simultánea al Tribunal de Cuentas, organismo que recientemente publicó un informe alertando de «graves deficiencias» en la compra de estos dispositivos electrónicos por parte del Ministerio de Igualdad, cuyo importe supera los 100 millones de euros. Tras presentar la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Redondo ha intentado en vano restar impacto a la intervención policial señalando que las diligencias no suponen una novedad. «No es nada nuevo. Es una investigación que está abierta, de hecho es una investigación que también se ha producido en el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea», afirmó la ministra, asegurando que la disposición de su equipo con los investigadores es plena desde hace meses.

Este nuevo escándalo judicial que rodea al Gobierno se suma a la polémica desatada en septiembre de 2025, cuando OKDIARIO destapó graves fallos técnicos en el funcionamiento de estas pulseras telemáticas, unas incidencias que provocaron sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas, tras perderse todos los datos de las órdenes de alejamiento durante la etapa de Irene Montero al frente del ministerio. Frente a estos antecedentes, Redondo ha insistido en que su cartera mantiene una «colaboración absoluta» y que facilitará «toda la información que se requiera», recalcando que a su departamento le «interesa que haya una fiscalización de todos y cada uno de los euros de los fondos que se hayan invertido».

Para tratar de zanjar las sospechas sobre la gestión económica de estos contratos públicos, la ministra quiso dejar constancia de su respaldo a la tramitación realizada, asegurando de forma tajante que le «consta» que el dinero europeo se ha empleado «correctamente». Sin embargo, la entrada de la Guardia Civil en el ministerio y las diligencias de la Fiscalía Europea mantienen el foco sobre la legalidad de unas adjudicaciones clave para el control de medidas cautelares y condenas por violencia de género.