Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 40 días: los indultos a los líderes del ‘procés’

Pedro Sánchez protagonizó el 22 de junio de 2021 uno de sus cambios de postura más polémicos al aprobar los indultos a los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por su participación en el procés de 2017. Una decisión que permitió salir de prisión a los responsables del desafío separatista, pese al rechazo de los magistrados que los habían juzgado y a las promesas anteriores del propio presidente del Gobierno.

Entre los beneficiados se encontraban Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados por sedición y, en cuatro casos, también por malversación. Los indultos perdonaron las penas de prisión pendientes, aunque mantuvieron entonces las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

La contradicción con las palabras de Sánchez era evidente. El 14 de octubre de 2019, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, el presidente aseguró solemnemente que «el acatamiento de la sentencia significa su íntegro cumplimiento». Menos de dos años después, fue su propio Gobierno el que aprobó la medida de gracia que evitó que los condenados cumplieran la totalidad de sus penas de cárcel.

No era la primera vez que Sánchez cambiaba su discurso sobre los indultos. En 2014, cuando estaba en la oposición, había defendido que «los indultos políticos deben acabar en nuestro país». Sin embargo, una vez instalado en La Moncloa, acabó concediéndolos a dirigentes de un movimiento independentista del que dependía una parte importante de sus apoyos parlamentarios.

El Gobierno ignoró el rechazo del Supremo

La decisión resultó especialmente controvertida porque el Supremo se había pronunciado por unanimidad en contra de los indultos. En su informe del 26 de mayo de 2021, los magistrados no apreciaron razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificaran el perdón y advirtieron de que no existía el menor indicio de arrepentimiento por parte de los condenados. La Fiscalía también se había opuesto.

Pese a ello, Sánchez siguió adelante alegando que los indultos servirían para restablecer la convivencia y la concordia en Cataluña. El informe del Supremo no era vinculante y el Gobierno tenía la competencia legal para conceder la medida de gracia, pero la decisión provocó una fuerte contestación política.

Los indultos tampoco pusieron fin a las exigencias del independentismo, que continuó reclamando la amnistía. Posteriormente, el Ejecutivo impulsó la derogación del delito de sedición y, en 2024, bajo la presidencia de Sánchez, se aprobó la Ley de Amnistía, fruto de los acuerdos políticos con los partidos independentistas.

Lo que comenzó como una promesa de cumplimiento íntegro de las condenas terminó con los condenados fuera de prisión y con nuevas reformas legales sobre los delitos del procés. Sánchez pasó de prometer que se cumplirían las penas a indultar a los dirigentes independentistas, desoyendo el criterio del tribunal que los había condenado.