Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 14 días: su fiscal general condenado y camino del indulto
Sánchez avaló al fiscal durante el proceso y su entorno prepara ahora el perdón
El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo comunicó la condena de Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados. El fiscal general al que Pedro Sánchez había mantenido su respaldo fue condenado a dos años de inhabilitación especial para ese cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El máximo responsable del Ministerio Público acababa condenado por vulnerar la confidencialidad que debía proteger.
La sentencia, cuyo texto íntegro se publicó el 9 de diciembre, fundamentó la condena en la filtración de un correo del abogado de González Amador y en la posterior difusión de una nota informativa de la Fiscalía. En aquella comunicación, el letrado proponía un acuerdo con reconocimiento de dos delitos fiscales. Una negociación reservada entre defensa y acusación terminó expuesta públicamente desde la institución encargada de velar por la legalidad.
Sánchez había comprometido expresamente el respaldo del Ejecutivo a García Ortiz mientras avanzaba el procedimiento. El 29 de julio de 2025, después de que el Supremo confirmara su procesamiento, aseguró: «Creemos en su inocencia» y afirmó que contaba «con el aval del Gobierno de España». El presidente vinculó así a su Gobierno con la defensa de un fiscal general que meses después resultaría condenado.
Ahora, ese apoyo apunta a una medida de gracia. Según la información publicada por OKDIARIO el 12 de noviembre, Moncloa prevé indultar a García Ortiz después de las elecciones del 29-N, con el Gobierno en funciones. Fuentes del entorno del presidente sitúan la decisión después de las urnas por el temor al coste electoral que tendría aprobarla durante la campaña. Otras fuentes de Moncloa señalan que esperan un informe antes de adoptar la decisión.
La operación se plantea pese al criterio contrario del Supremo. El tribunal rechazó apoyar el indulto al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública y subrayó la gravedad del daño causado al Ministerio Público. La secuencia retrata las prioridades de Moncloa: Sánchez avaló al fiscal durante el proceso y su entorno prepara ahora el perdón, pero reserva su aprobación para cuando los ciudadanos ya hayan votado.
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