Pumpido se sale con la suya: colocará a un magistrado afín al PSOE para redactar la sentencia del aborto

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se sale con la suya. Según ha podido saber OKDIARIO, el magistrado Enrique Arnaldo, ponente de la sentencia de la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, declinará redactarla si su borrador no obtiene un apoyo mayoritario del tribunal como parece que ocurrirá. Así, el presidente del Constitucional elegirá a una persona del bloque de izquierdas para redactar un nuevo borrador que sea apoyado por la mayoría de la Corte de Garantías.

Esta semana se debate en un pleno que se celebrará este miércoles y jueves, por primera vez, la ley socialista sobre la Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, conocida como ley de plazos. Tal y como adelantó este periódico en exclusiva, el ponente declara en su borrador parcialmente inconstitucional la Ley Orgánica 2/2010 que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas; dentro de las 22 semanas si existe «grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto»; y en cualquier momento si se detectan «anomalías fetales incompatibles con la vida (…) o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable». Concretamente, el artículo 17 que regula la información previa que recibe la madre y el 19.2 sobre la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

Según el borrador, declara inconstitucional los apartados 2 y 5 del artículo 17 que trata la información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Dichos preceptos establecen lo siguiente: «En los casos en que las mujeres opten por la interrupción del embarazo regulada en el artículo 14 recibirán, además, un sobre cerrado que contendrá información (…). Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público o bien en los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo. Junto con la información en un sobre cerrado se entregará a la mujer un documento acreditativo de la fecha de la entrega, a los efectos de lo establecido en el artículo 14 de esta Ley», recoge la norma. En el apartado cinco se establece que en el caso de las personas con discapacidad, se proporcionará en formatos y medios accesibles, adecuados a sus necesidades.

El borrador recalca que es necesario reforzar la información que recibe la persona que va a someterse a dicha intervención quirúrgica. El personal sanitario debe cerciorarse de que la paciente ha adquirido el conocimiento que se le transmite, al igual que ocurre en el caso de que la misma se sometiese a cualquier otra intervención de índole distinta. Para ello, el borrador recoge que no basta con entregar la información en un sobre cerrado, sino que debe ser necesario que la paciente reciba dicha información de manera «verbal, clara y completa».

Así, el magistrado también expone en el borrador que es inconstitucional el apartado segundo del artículo 19 sobre las medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud. Arnaldo considera que la objeción de conciencia debe amparar no sólo al «personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo», sino a todos aquellos sanitarios que directa o indirectamente han intervenido en el aborto. Y, añaden, debe garantizarse, por tanto, la objeción de conciencia de todo el personal sin exclusión alguna.

Sin apoyos

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el Tribunal Constitucional, con una mayoría de magistrados de izquierdas, no van a respaldar el borrador del ponente Enrique Arnaldo. Éste tiene la posibilidad de no renunciar a la ponencia y elaborar un texto que coincida con el criterio de la mayoría. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que declinará hacerlo –por una cuestión de principios– y convertirá su borrador en un voto particular.

Por su parte, Conde-Pumpido designará a un magistrado afín al PSOE para que redacte una sentencia favorable a la ley de Zapatero. Para ello, se apoyará en el artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –que de acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ampara la aplicación de la LOPJ en materia de renuncia y desistimiento– dice así: «Cuando el ponente no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular. En este caso, el presidente encomendará la redacción a otro magistrado y dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad en el mismo».

El presidente todavía no tiene decidido quién será el sustituto de Arnaldo aunque «ha cobrado fuerza que la ponente sea una mujer». Sin embargo, recalcan las fuentes consultadas, «todavía no se ha decidido».