Puigdemont pide al Supremo «el levantamiento de la orden de busca y captura» y amnistiar la malversación

• Rodrigo Villar @Rodrigo_Villar_
• Periodista en OKDIARIO. Contacta: rodrigo.villar@okdiario.com
• • 19/06/2024 14:21
  • Actualizado: 19/06/2024 16:55

La defensa del prófugo Carles Puigdemont, quien escapó a Francia tras su participación en el llamado procés independentista catalán, ha solicitado al Tribunal Supremo el levantamiento de la orden de busca y captura y la amnistía de los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Así lo ha expuesto el letrado del ex president de la Generalitat, Gonzalo Boye, en unas alegaciones a las que ha tenido acceso OKDIARIO donde se expresa que «una lectura desapasionada» de la ley de amnistía «permite manifiestamente su aplicación a los hechos calificados como delito de malversación de caudales públicos» en el auto por el que el Supremo le procesó por su participación en el golpe de Estado de 2017.

En 23 páginas, responde a la petición del instructor del ‘procés’, el magistrado Pablo Llarena, de que se posicionaran sobre si era aplicable el perdón para ese delito concreto. Para el letrado, «no cabe duda alguna acerca de que los presuntos actos atribuidos a las personas ilegalmente procesadas en la presente causa penal, calificados de delito de malversación de caudales públicos, de haber existido, lo habrían sido con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017».

En su escrito el abogado expone que los hechos presentados como malversación se encuentran «inequívocamente» comprendidos dentro del ámbito objetivo de la Ley Orgánica 1/2014 y que no se da la excepción relativa al propósito de enriquecimiento ni tampoco se aplica la exclusión del artículo 2.e, puesto que no existe afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Asimismo, explica que los hechos presentados como desobediencia en el presente procedimiento se encuentran comprendidos dentro del ámbito objetivo de la Ley Orgánica 1/2024 y no concurre ninguna de las causas de exclusión previstas en el artículo 2 de la mencionada Ley Orgánica.

Por lo tanto solicita declarar amnistiados todos estos hechos acordándose además el sobreseimiento libre de Carles Puigdemont tal y como se establece en el artículo 11.2 en relación con el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 1/2024.

Por último en la súplica al juzgado el abogado solicita también «el levantamiento de las medidas cautelares» que le afectan, refiriéndose específicamente a la orden de busca y captura e ingreso en prisión que pesa sobre él y que fue acordada mediante auto de 12 de enero de 2023.

La fiscalía pide amnistiar la malversación

El escrito presentado por la defensa de Puigdemont se une al remitido por la fiscalía donde también piden la aplicación de la ley de amnistía a la malversación y la desobediencia, delitos que atribuye el Tribunal Supremo a los líderes del procés, como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Así consta en el escrito que el Ministerio Público ha presentado ante el alto tribunal bajo la firma de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y del fiscal de Sala jefe de lo Penal de la Fiscalía del TS, Joaquín Sánchez-Covisa.

El Ministerio Público también reclama la amnistía para los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, y para la secretaria general de ERC, Marta Rovira; así como para el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y para los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Asimismo, aboga por levantar las órdenes nacionales de detención que pesan sobre Puigdemont, Puig, Ponsatí y Rovira. Y pide declarar el archivo de la causa que se mantiene abierta en su contra.

Ambos fiscales han asumido la causa del ‘procés’ por encargo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que ayer martes la Junta de Fiscales avalara su postura sobre la ley de amnistía frente a la de los cuatro fiscales que llevaban el procedimiento y que participaron en el juicio celebrado en 2019.