El PSOE busca definir en su Congreso el modelo federal y la relación con Cataluña

El PSOE busca redefinirse y ya se ha puesto manos a la obra para elaborar las ponencias, política y económica, que llevará a su 39 Congreso Federal. La cuestión territorial forma parte de uno de los escollos a los que se van a tener que enfrentar los socialistas. Este punto, precisamente, se esconde en la ponencia política y a la hora de presentar el proyecto de manera global raras veces lo mencionan.

Sin embargo, algunos dirigentes admiten en privado que es fundamental aclarar algunos aspectos de la Declaración de Granada, de julio de 2013, y reconocen que «es un punto de gravedad» respecto a la relación con el PSC, que sigue estancada entre reuniones de la gestora con la federación catalana. Este viernes, el portavoz de la gestora Mario Jiménez aseguró que la Declaración de Granada se «enriquecerá» y aseguró que en absoluto buscarán su eliminación. La dirección considera que no hay que enmendar la propuesta de reforma constitucional y anuncian que precisarán aspectos como la financiación de los ayuntamientos.

Las reflexiones que desde el PSC se han vertido a los medios estos meses atrás han generado verdaderos quebraderos de cabeza y una fuente inagotable de malestar entre algunos miembros de la dirección del PSOE. Muchos consideran que la defensa de Cataluña como «nación» sobrepasa el acuerdo de Granada que defiende una reforma constitucional para alcanzar una España federal que fije las competencias de un estado autonómico. Los catalanes, en cambio, sostienen que al apelar a la «nación» hacen referencia a la identidad histórica, emocional y cultural de Cataluña y niegan que reclamen un planteamiento político o jurídico que transgreda lo acordado en Granada.

Diputados socialistas consideran que el documento acordado en julio de 2013 habla «muy por encima» y que estaría «todo por definir» como por ejemplo los conceptos de «simétrico y asimétrico» y «¿qué es lo que queremos?». Subrayan que «es el pacto y el acuerdo lo que traerá soluciones y no sólo la estricta aplicación de la legalidad, que es lo único que hasta ahora ha planteado el PP y Mariano Rajoy». De momento, aseguran, que no hay ninguna propuesta inclusiva y cuentan con el diálogo, no solo de la militancia, sino de los expertos y todo el que quiera participar para que, haciendo las concesiones mutuas que procedan, permita ser la hoja de ruta de cara a una reforma constitucional.

«La clave está en conjugar legalidad y política para que sea la única propuesta viable que el partido defienda», señalan diputados socialistas a este medio. En el PSOE también miran de reojo lo que ‘vende’ su rival más directo, el PP, con la llamada ‘Operación diálogo’. En este aspecto, el portavoz de la gestora reclamó este viernes que no actúe solo ante el desafío independentista.

«Observamos con preocupación los llamamientos que se han hecho desde la instituciones catalanas a un proceso que está al margen de la Ley por parte de responsables institucionales de la Generalitat, incluido Puigdemont. Nosotros defendemos que el comportamiento y actuación de las instituciones tiene que producirse en el marco de la Ley y lo que esperamos es que haya una actitud responsable que acabe con esta posición», destacó.

Jiménez continuó diciendo que ante este órdago “tiene que haber diálogo para impedir esto y esperamos que cualquier actuación que quiera poner en marcha el Gobierno no sea una actuación de parte y que se someta al diálogo con el conjunto de las fuerzas políticas”. El dirigente socialista reclamó que “ante este tipo de circunstancias hay que ser muy mesurado, contenido, contundente y tiene que medirse muy bien la respuesta del Estado ante quienes cuestionan sus bases democráticas”.

El PSOE no se quiere quedar atrás y quiere participar como fuerza constitucionalista a frenar el auge secesionista. En estos meses deberá de acometer cambios en el modelo territorial que defienden para tener todo dispuesto cuando se abra el ‘melón constitucional’. Algo que el presidente del Gobierno está dispuesto a hablar pero no ve suficiente acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Un asunto que requiere tiempo y que los partidos ordenen sus prioridades en sus respectivos congresos.