El PP recuerda el abrazo de la fiscal general al delegado del Gobierno imputado por el 8-M
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil se opone al archivo de la causa del 8-M que pide la Fiscalía
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El PP recuerda en un vídeo el abrazo de Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, imputado por autorizar la manifestación feminista del 8-M a pesar de la amenaza del coronavirus. Los ‘populares’ han publicado este vídeo en las redes sociales horas después de que la Fiscalía Provincial de Madrid pida archivar la causa judicial contra el delegado socialista del Gobierno en Madrid por el 8-M.
«La Fiscalía pide archivar el ‘caso 8-M’ contra el delegado del Gobierno en Madrid», es el mensaje publicado por la formación liderada por Pablo Casado en su perfil de Twitter para arremeter contra esta petición.
La Fiscalía pide archivar el ‘caso 8-M’ contra el delegado del Gobierno en Madrid. pic.twitter.com/G1C4Eq52bL
— Partido Popular (@populares) June 8, 2020
Ese acto tuvo lugar dos días después de que el Ejecutivo de Sánchez llevara a acabo una de sus principales promesas electorales: la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Dolores Delgado se enorgulleció de esta acción por ser, a su juicio, una «victoria» de la democracia de España gracias al «compromiso» de su Gobierno. «El Gobierno no ha dejado de trabajar en ello para cumplir con la ley de Memoria Histórica y terminar así con una anomalía democrática», señaló a los medios la entonces ministra de Justicia en funciones.
«No podíamos tener a un dictador en un mausoleo público dando lugar a enaltecimientos en un sitio que genera dolor, por eso nos exigimos acabar con ello, como demócratas. Es un acto de dignidad de las víctimas», añadió Delgado en presencia de José Manuel Franco.
Tras el abrazo que ha recordado el PP, la responsable de Justicia prometió también ante los medios el compromiso del Ejecutivo socialista de sacar «a todas las víctimas de las fosas» en un plazo de seis años, aproximadamente. «La Memoria Histórica ha sido una política prioritaria para este Ejecutivo y se ha establecido un plan estratégico dentro de la Memoria Histórica del paso de las distintas fosas a abrir, el Estado tiene que asumir esa política de apertura de fosas, de la recuperación de los restos y la entrega a los familiares», afirmó.
Una de las primeras medidas que adoptó Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en coalición con Podemos fue aprobar la designación de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Sánchez justificó esta decisión porque «currículum es impecable y está fuera de toda duda» y no por haber sido ministra de Justicia en los meses anteriores.
Al rescate de Franco
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado este lunes a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que proceda a archivar la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid. El dirigente socialista está investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus. Esta petición ha sido criticada por el PP.
Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada del pasado 23 de marzo por el que admitió la denuncia contra Franco y acordó la práctica de una batería de diligencias para comenzar la instrucción.
Es la primera vez que el Ministerio Público, a las órdenes de la ex ministra y diputada socialista Dolores Delgado, se pronuncia sobre esta causa, por lo que explica en su escrito que «esta circunstancia obedece» a que la jueza instructora aplicó la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
Franco está citado a declarar el miércoles 10 por un delito de prevaricación administrativa, pero la Fiscalía objeta que no se dan las circunstancias para acusarle de ese delito, ni por acción ni por omisión, entre otras razones porque el delegado del Gobierno no tiene competencias en materia sanitaria ni de salud pública.
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