España
Tras el anuncio del Gobierno

El PP llevará al Parlament una iniciativa para garantizar el español en la escuela catalana

El Partido Popular registrará próximamente en el Parlament de Cataluña una iniciativa para defender la enseñanza en español en esta comunidad y «garantizar la libertad de las familias para elegir la lengua en que sus hijos quieren ser educados».

La propuesta irá en paralelo a las medidas que adopte el Gobierno-que gestiona la Generalitat a través del artículo 155 de la Constitución-después de que, el pasado viernes, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, anunciase próximas medidas para asegurar el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos.

El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, ha adelantado la iniciativa y ha confiado en contar con el apoyo de otros partidos políticos. «El Gobierno con el 155 no puede legislar», ha destacado. Casado ha subrayado que «no hay ninguna región en el mundo en que no se pueda enseñar en el idioma oficial del resto del Estado. «Creo que solo pasa en Groenlandia», ha ironizado.

En este sentido, ha recordado las sentencias del Tribunal Supremo que cifraban la enseñanza en la lengua vehicular en un mínimo de un 25 por ciento de las asignaturas troncales.

«Nadie está yendo contra el catalán o contra la libertad de los padres que quieren elegir su propio itinerario formativo. Lo que estamos pidiendo es algo muy sensato y cabal para los tribunales. Queremos que se restituya la legalidad en el sistema educativo en Cataluña», ha añadido.

Casado ha pedido además que se respete la libertad de los padres, no solo en Cataluña, «sino en algunas comunidades autonómicas en que el PSOE y Compromís están abrazando este pancatalanismo», como la Comunidad Valenciana o Baleares.

El dirigente ‘popular’ no ha avanzado cuál será la propuesta concreta. Una opción sería introducir la denominada casilla en los folletos de preinscripción escolar, de forma que las familias puedan elegir la lengua vehicular en que se educa a sus hijos. Existen numerosas sentencias favorables a esa posibilidad, hasta ahora, siempre rechazada por la Generalitat.