El PP exige una norma nacional que liberalice el taxi y compense a los atrapados en la compra de licencias

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 25/01/2019 06:50
  • Actualizado: 25/01/2019 11:19

El PP parte de una premisa base. Y esa es que la capacidad normativa necesaria para la resolución del conflicto tiene que retornar al Gobierno nacional. Los Populares consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo muy irresponsable al derivar el problema entre el taxi y los VTC a otras administraciones, cuando debe ser una competencia nacional.

Es necesario, por lo tanto, y según su postura, regular este sector nacionalmente de forma que el consumidor y el usuario puedan partir de una libre y total capacidad de elección. A partir de ahí, deberán garantizarse los principios de una libre y sana competencia entre ambos tipos de licencia pero teniendo en cuenta que el consumidor debe poder elegir cuando quiera, sin tener que preavisar ni renunciar a unas plataformas que ya están activas en todo el mundo.

El Partido Popular pretende además liberalizar los mecanismos que los taxistas soportan actualmente para que puedan competir con los VTC. Esa reforma debe suponer que los taxis puedan operar todos los días, que tengan a su acceso plataformas tecnológicas e, incluso, que puedan salir del ámbito municipal de su licencia.

Además, los Populares plantean una medida de compensación para los perjudicados: que se diseñen posibles fondos de compensación para aquellos que han comprado una licencia y que ahora pueden ver en riesgo el rédito económico de la misma por culpa de las modificaciones regulatorias.

Algunas informaciones han llegado a señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez puede llegar a verse en la tesitura de tener que expropiar licencias de VTC. Pero el coste de esta medida sería disparatado: unos 4.000 millones de euros. Por ello, el Partido Popular propone la opción contraria: recomprar licencias de los taxis.

Fondo para compensar

Hay que recordar que los VTC ya han propuesto un fondo de capitalización para compensar a los taxistas de manera que puedan operar todos en igualdad de condiciones. Y el resultado de compensar a los taxistas objetiva y realmente afectados en vez de a los VTC supondría un claro ahorro frente a esos 4.000 millones. En ese caso, el Estado pagaría mucho menos porque los esfuerzos mas costosos se realizarían para hacer este sector más competitivo.

Los Populares señalan ademas que en ningún caso la violencia observada estos pasados días puede justificarse y, por lo tanto, señalan que ningún Gobierno debe ceder a ningún chantaje, al igual que la ciudadanía no puede ser rehén de ningún conflicto laboral y tiene derecho a desplazarse con total libertad.

Los Populares tienen claro que en ningún caso la violencia puede justificarse y que ningún Gobierno debe ceder a chantaje alguno

La propuesta se convierte de este modo en la primera reforma seria puesta encima de la mesa para acabar con la batalla entre el taxi y los servicios de vehículo con conductor (VTC). La primera desde que, ya por el año 2009, el Gobierno de Zapatero aprobase en 2009 la ley ómnibus que liberalizó los servicios profesionales por exigencia europea. Con ello, se liberalizó el VTC.

Es verdad que hasta entonces, regía el criterio de una licencia VTC por 30 de taxi. Pero también que esa proporción aparecía en una norma anterior -la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), de 1987- y que, ante las presiones del taxi, en 2015, el PP reformó el reglamento de la LOTT para devolver la validez al límite de 1/30, ante la evidencia de que la ley ómnibus había dejado sin eficacia ese criterio desde 2009.

De esa forma, y aunque es verdad que hoy está vigente el límite 1/30, también lo es que en el fondo se puede invocar ante Europa la liberalización de servicios para poner en duda un tope procedente de 1987, cuando no existía ni Internet. Es más, muchas de las licencias VTC que han desequilibrado esa proporción 1/30 han sido emitidas legalmente, puesto que se concedieron entre 2009 y antes del cambio del reglamento en 2015. Por lo tanto, son plenamente válidas. Y eso exige que se busque una solución real que defienda los derechos adquiridos de ambos colectivos.