El PP advierte a Sánchez sobre los acercamientos a etarras: «Se pagan en las urnas»

El Partido Popular ha arremetido duramente este sábado contra la política de acercamientos y beneficios a presos etarras que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva aplicando desde hace ya más de un año. Según los ‘populares’, supone ponerse «del lado de los asesinos» y eso lo «pagará» Sánchez «en las urnas».

«Sánchez continúa su huida hacia delante. Él fue el que apostó por ponerse del lado de los asesinos y él será el que lo pague en las urnas», ha asegurado la formación que dirige Pablo Casado en un mensaje distribuido en sus redes sociales.  «España no olvidará la traición a la que ha sometido a todas las familias de las víctimas del terrorismo etarra», han apostillado.

Estas declaraciones llegan tras conocer que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dado luz verde a otros cuatro traslados de presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco. Una política de fin de la dispersión que el Ejecutivo socialista viene aplicando ya desde hace años. Primero en solitario y después con apoyo de su socio de Gobierno, Podemos.

146 acercamientos

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha autorizado un total de 146 beneficios penitenciarios a presos etarras con el criterio en contra de las juntas de tratamiento de las cárceles. Así lo aseguró Ángel Luis Ortiz, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, este pasado jueves durante una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso.

Ortiz aportó estos datos ante las reiteradas preguntas de PP, Ciudadanos y Vox en torno a la política penitenciaria con los presos de la banda terrorista ETA desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez.

El dirigente de Instituciones Penitenciarias rechazó que se esté aplicando un trato diferente a los presos etarras porque, a su juicio, la ley no permite hacer esta diferenciación por tipo de delito. También destacó el papel de las juntas de tratamiento, los órganos colegiados con técnicos del ámbito penitenciario que proponen cuestiones como el traslado de prisiones, algo que es potestad de Instituciones Penitenciarias.

Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno en junio de 2018 y nombró a Fernando Grande-Marlaska ministro del Interior. Desde entonces, las juntas de tratamiento han resuelto 1.740 propuestas en «materia de condenados por delitos de terrorismo», de las que 1.050 han requerido resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como centro directivo.

Según Ángel Luis Ortiz, de estas 1.050, el 86% (904) se han resuelto por Instituciones Penitenciarias de «manera idéntica» a las juntas de tratamiento, y en aproximadamente un 13% (146) «se ha modificado el criterio» al no ser coincidentes. «Es exactamente el 13% en otro tipo de delitos; estamos aplicando los mismos criterios jurídicos y la misma interpretación que con el resto de delitos», recalcó durante su comparecencia en el Congreso.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha lamentado que en el País Vasco y Navarra están ya el 30 por ciento de los presos etarras.