La Policía prueba que la campaña de desprestigio internacional a España fue dirigida por Puigdemont

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 01/01/2018 01:52
  • Actualizado: 01/01/2018 07:49

La campaña de desprestigio internacional contra España estuvo coordinada, guiada y dirigida directamente por la Generalitat. Las pruebas que obran en poder de la Guardia Civil demuestran que los cargos directos del ex president Carles Puigdemont mantenían reuniones para coordinar los mensajes que se lanzaban internacionalmente: mensajes en lo que se acusaba al Gobierno español de robar a Cataluña, de violar sus derechos autonómicos o de organizar actuaciones policiales desproporcionadas y represivas.

Las pruebas han sido ya trasladadas a la Justicia. Y retratan las conversaciones que se mantenían por parte del encargado directo de Carles Puigdemont para los Asuntos Exteriores, Xavier Puig Farré. El objetivo de esas conversaciones no era otro que coordinar los mensajes que se lanzaban fuera de nuestras fronteras.

La Guardia Civil tiene en su poder grabaciones directas de este alto cargo en las que él mismo narra cómo se trasladaban mensajes a ONG con acceso directo a “Naciones Unidas”.

Puig Farré estaba encargado, además y en esos mismos días, de garantizar todo el mecanismo de voto por correo de los catalanes fuera de España. Lo había hecho porque recibía órdenes de forma directa del depuesto presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y es que su cargo le sitúa en el epicentro de la organización del golpe: él era el responsable del Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Puigdemont y uno de los cerebros de la Secretaría General de Asuntos y Relaciones Institucionales, Exteriores y Transparencia de la Generalitat.

Puig Farré, además, tenía acceso a los mecanismos de falseamiento de partidas presupuestarias para financiar ilegalmente el golpe y, por si fuera poco, mantenía coordinación directa con el Cesicat —el CNI catalán— y la cúpula al completo del CTTI —el Centro de Tecnologías—, desde donde se coordinó la omisión del deber de actuación contra los delitos de sedición por parte de los Mossos en los días clave y desde donde de facilitaron seguimientos a políticos constitucionalistas.

Entre esas llamadas telefónicas interceptadas a Puig Farré por parte de la Guardia Civil figura una del 29 de septiembre a las 18.48 horas, en vísperas ya del referéndum ilegal del 1-O y nueve días después de los ataques de radicales separatistas a los coches de la Guardia Civil en el registro judicial al Departamento de Economía del Govern.

En esa conversación, “Xavier Puig recibe la llamada telefónica de Tomás Roy Catalá, quien ha sido director de Estrategia de la Sociedad del Cesicat”, señala en su informe la Benemérita. Roy le dice a Puig que “ha estado hablando a través del Juan Carlos, que le ha enviado un informe de NOVAC que es no violencia, derechos humanos, etc. Que los que han hecho ese informe son personas de Naciones Unidas y derechos humanos”.

A partir de ese momento, narra el contenido del informe en el que se “explican las situaciones que se han vivido, que si quieren les gustaría tener de primera mano un relato de qué ha pasado y cómo ha pasado, que él ha enviado sus contactos” y que, por si eso fuera poco para dirigir el contenido del informe, “que si quiere [Xavier Puig] escriba cuatro cosas en un word y que se lo hagan llegar a través de un amigo, un primo o algo así”. Porque todo el contenido estaba pactado, hasta el punto de que el propio responsable golpista tenía la posibilidad de incluir su versión en el documento.

La Guardia Civil cuenta con pruebas que avalan que no se trata, ni por lo más remoto, del único contacto para ensuciar la imagen española en el exterior. Una imagen que, posteriormente, entraba en los circuitos de difusión de servidores rusos y venezolanos para que el retrato denigrante de España circulase a toda velocidad por las redes sociales y se debilitase el apoyo internacional a España.

Pero una imagen que, al margen de organizaciones intermediarias, estaba dirigida personalmente por los cargos de máxima confianza de la Generalitat.