Podemos quiere reformar el Código Penal para no identificar a los promotores de asedios al Congreso

La proposición de ley registrada por Podemos para reformar el Código Penal y derogar los tipos de injurias a la Corona, el de enaltecimiento del terrorismo o las ofensas contra sentimientos religiosos también pretende que la Policía no pueda identificar a los promotores de asedios al Congreso de los Diputados, como el organizado por la izquierda radical en el año 2012. Ya como partido político tras su fundación en 2014, la formación del hoy vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, también alentó estas acciones de hostigamiento.

Según consta en la proposición de ley de Unidas Podemos, consultada por OKDIARIO, a las derogaciones antes citadas sobre lo que llaman ‘delitos de opinión’, «debe sumarse además una reforma penal que venga a amplificar de forma activa la protección de la libertad de expresión, en sus diferentes modalidades de plasmación, en lo concerniente a las acciones restrictivas de derechos fundamentales que en determinadas ocasiones han sido cometidas por funcionarios o autoridades de nuestro país y que, por falta de un claro acomodo en el Código Penal, han quedado sin sanción».

En este punto, los morados sostienen que «son notorias las identificaciones realizadas por la autoridad sobre personas que participaban en asambleas populares de carácter político o sindical o actos organizados por la sociedad civil y cuyo objetivo era, por una parte, disuadir de la participación de la ciudadanía en la actividad política y social de nuestro país y, por otro, establecer un control sobre los activistas que participaban de las muy diversas movilizaciones que han acompañado la vida de nuestro país en los últimos años».

De esta forma, Unidas Podemos quiere poner fin a las identificaciones policiales ordenadas incluso por los jueces centrales de instrucción (de la Audiencia Nacional) dentro de su competencia para investigar presuntos delitos contra «altos organismos de la Nación». A este respecto, el artículo 494 del Código Penal establece que «incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento».

El 25-S de 2012

Precisamente, en el año 2012, la Policía procedió a la identificación de participantes en asambleas convocadas para organizar el 25-S, inicialmente llamado ‘Ocupa el Congreso’ y después ‘Rodea el Congreso’. Una actuación policial que fue efectuada en el marco de las diligencias previas abiertas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por presunto delito contra altos organismos de la Nación.

Además, Podemos afirma en su proposición de ley que también son «conocidas determinadas actuaciones llevadas a cabo por diversas autoridades públicas con el objeto de restringir la libertad de expresión, actuaciones que podemos enumerar en diferentes supuestos como la retirada de símbolos políticos plenamente constitucionales por incomodar al Jefe del Estado, la denegación de espacios públicos para la realización de actos de carácter político, e incluso la cancelación de espectáculos o la retirada de obras de arte».

A juicio del partido de Iglesias, «todo este elenco de actuaciones gubernativas han tenido una clara incidencia en la restricción de derechos fundamentales como el derecho a la libertad ideológica y de pensamiento, derecho de reunión, derecho a la participación política y derecho a la libertad de expresión, todos ellos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española, por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos».

Por ello, subraya el partido Iglesias, «se hace necesaria una clara adecuación de la protección del ejercicio de los derechos fundamentales en la actual redacción del Código Penal, lo que se plasma en la incorporación de un nuevo artículo 536 bis así como la incorporación de un apartado 22 al artículo 538».

En campaña electoral

En la presentación de esta iniciativa este martes en el Congreso, el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, y el portavoz de IU en la Cámara, Enrique Santiago, han subrayado que esta iniciativa tiene el visto bueno de Moncloa para su tramitación desde hace un año, si bien optaron por retirarla entonces pese a haberla registrado al estallar la pandemia de coronavirus.

Ahora, en plena campaña de las elecciones catalanas, los morados han recuperado esta proposición de ley después de la condena al rapero Pablo Hasél por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la Monarquía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al difundir mensajes atentatorios en redes sociales. También los artistas del sindicato de la ceja difundieron el lunes un comunicado en contra de esta condena antes de que Podemos presentara dicha iniciativa. Desde el Gobierno, el Ministerio de Justicia que dirige el socialista Juan Carlos Campo ha avanzado que tiene previsto presentar un proyecto de ley en este sentido. Sin embargo, los morados, socios del PSOE en el Ejecutivo, esperan que el texto que finalmente sea tramitado sea el suyo, que ya «está articulado», esgrimen.