El Tribunal de Cuentas desmonta la trampa de Puigdemont: «No hay inmunidad en el pago de una deuda»

El prófugo Carles Puigdemont pidió al Tribunal de Cuentas que anulara la fianza de 2.085.507,80 euros que le exige alegando que goza de «inmunidad como europarlamentario». Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por OKDIARIO se muestran tajantes: «No tiene inmunidad para pagar una deuda».  Y añaden: «Tiene que responder por su presunta responsabilidad contable». El fugado Puigdemont intentó eludir la fianza que le reclama este órgano por el uso irregular de fondos públicos utilizados en la proyección internacional del proceso separatista.

Fuentes del Parlamento Europeo, en línea con el Tribunal de Cuentas, manifiestan a este periódico que «el enjuiciamiento contable y su control jurisdiccional de este órgano fiscalizador es independiente, recurrible ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo». Y, subrayan, la inmunidad procede sólo ante detenciones arbitrarias (sin delito flagrante o sin mediar suplicatorio) en ningún caso protege al europarlamentario de una demanda civil –esto es del impago de una deuda– o de una demanda administrativa, es decir, de irregularidades contables. «Si la inmunidad protegiese a Puigdemont ante cualquier jurisdicción sería como la inviolabilidad del Rey y podría dejar de pagar el alquiler en Waterloo (Bélgica) sin que su casero le pudiese demandar», concluyen.

Según el Parlamento Europeo, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal de los diputados, sino que «garantiza que un diputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria». Por tanto, los diputados al Parlamento Europeo no pueden ser investigados, detenidos ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos en calidad de diputados.

Pero esto dista mucho a la situación que afecta al independentista Puigdemont. En su caso, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos de la Generalidad abonar una fianza de 5,4 millones de euros por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern. Estos separatistas desviaron fondos públicos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consell de la Diplomacia Pública de Cataluña conocido como Diplocat.

Además, otras fuentes de Bruselas consultadas por OKDIARIO señalan que la inmunidad protege a los europarlamentarios de las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, es decir, durante el mandato. Por tanto, esta medida no tiene carácter retroactivo. Hay que recordar que en el procedimiento de Puigdemont, la instructora Margarita Mariscal de Gante reclama una fianza por hechos ocurridos antes de que el ex presidente catalán obtuviese su escaño como europarlamentario.

Dilatar el proceso

El abogado de Puigdemont busca con esta estrategia dilatar el procedimiento, según fuentes consultadas. En el escrito, el letrado señala a la juez y le recrimina: «La afirmación realizada por la señora delegada instructora durante el acto de liquidación sobre que dicha inmunidad se extiende únicamente a los procesos penales no tratándose la liquidación de uno es, pues, contraria a derecho».

La defensa del prófugo entiende que la instructora del órgano fiscalizador debería haber solicitado un suplicatorio en el Parlamento Europeo y señala que «cosa distinta es que la señora delegada instructora no quiera hacerlo por no ver su procedimiento sometido a ningún tipo de escrutinio». Asegura que es una medida «inconstitucional» y aprovecha para amenazar a la instructora manifestándole que se reserva «las acciones legales correspondientes tanto aquí como en aquellas jurisdicciones donde estas actuaciones causen sus efectos».

Este miércoles vencía el plazo para abonar la fianza y el consejero de Economía de la Generalidad, Jaume Giró, ha anunciado que la Generalidad recurrirá al Institut Català de Finances (ICF) para cubrirlas. Los juristas han advertido que con esta acción el Govern podría estar incurriendo en un delito de malversación y prevaricación.