El novio de Ayuso se iba a declarar culpable pero el PSOE prefirió alargar el caso para salvar a Sánchez

El PSOE ha maniobrado para alargar el caso que se sigue contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, pese a que la Fiscalía tenía listo un acuerdo que los investigados iban a aceptar. OKDIARIO ha tenido acceso a este documento, en el que los investigados -González Amador, Maximiliano Eduardo Niederer y David Herrera- se declaraban culpables de dos delitos contra la Hacienda Pública y se comprometían a pagar las correspondientes multas. Sin embargo, el acuerdo no se ha firmado puesto que las acusaciones populares, que ejercen conjuntamente Más Madrid y el PSOE, han solicitado ampliar la causa con supuestos nuevos delitos, dilatando así el proceso judicial, que estaba a punto de dar carpetazo. Fuentes consultadas han señalado el intento de extender al máximo la investigación, que se sigue en paralelo a la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Gómez, cabe recordar, está imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y citada a declarar el próximo 5 de julio.

La juez instructora había citado presencialmente este lunes a los investigados, que se han trasladado a Madrid desde Sevilla, con la intención de suscribir el acuerdo, que tenía el visto bueno del fiscal y el abogado del Estado. El proyecto de conformidad había sido propuesto por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Sin embargo, las acusaciones de izquierdas han pedido suspender las declaraciones previstas para seguir así alargando la causa. El acuerdo ya estaba listo, tal y como se desprende de un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

El novio de Ayuso estaba dispuesto a pagar por los ejercicios fiscales de la sociedad Maxwell Cremona -correspondientes a 2020 y 2021-, de la que era socio único durante este periodo. El 4 de febrero de 2022, la Agencia Tributaria (AEAT) devolvió a la empresa 1.353 euros de la declaración presentada en 2020, aunque inició una inspección sobre el Impuesto de Sociedades.

«En el seno de dicho procedimiento de inspección, constató la AEAT que el obligado tributario Maxwell Cremona, sociedad administrada por el acusado Alberto González Amador, debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios que había experimentado en los ejercicios 2020 y 2021, había hecho constar en sus declaraciones gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación. Asimismo, había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario», señala el escrito, enumerando las facturas que se dedujeron.

«Deudas saldadas»

Según el pacto de conformidad que el novio de Ayuso estaba dispuesto a firmar, la Agencia Tributaria cifra en 155.000 euros la cuota defraudada en 2020 y en 195.951 en 2021. De esta forma, el fisco emitió una liquidación por un importe de 350.051 euros más intereses de demora. «El acusado Alberto González Amador ingresó un exceso de cuota de 525.778,87 euros en la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2022, y como consecuencia de ello la AEAT ha emitido el acuerdo de liquidación A23 83854614 de fecha 13 de mayo de 2024. Así, en el plazo previsto en el apartado 6 del art. 305 del Código Penal han quedado saldadas el total de las deudas tributarias objeto de este procedimiento», reconoce la Fiscalía en el escrito en posesión de este periódico.

La propia Ayuso dijo públicamente que su novio había pagado la deuda, tal y como reconoce el Ministerio Público en el acuerdo. No obstante, la Fiscalía señala que los hechos narrados son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública. De este modo, el novio de Ayuso reconocía los delitos mientras que las otras dos personas investigadas se declaraban culpables de haber sido cooperadores necesarios de los delitos contra el fisco. Sin embargo, ello no ha evitado que el PSOE siga maniobrando para alargar la causa.

Penas

Así, de aceptarse este acuerdo, Alberto González Amador asumía cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública y una multa del 40% de la cuota defraudada, esto es  60.000 euros,( 40% de 155.000€) y 78.380 euros (40% de 195.951). También se le hubiera condenado a la inhabilitación y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública.

Por su parte, al investigado Maximiliano Eduardo Niederer se le habrían impuesto tres meses y 15 días de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública y 54.250 euros de multa. También se le condenaba a perder el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses por cada uno de los delitos. En el caso del tercer investigado, David Herrera Lobato, el acuerdo de la Fiscalía preveía una condena de cárcel de 2 meses y 15 días y el pago de 29.392,71 euros. Como todos los anteriores también perdía el derecho a obtener subvenciones públicas durante un determinado periodo.

Maniobra del PSOE

Pese a que el acuerdo ya estaba suscrito y listo para ser firmado ante la juez instructora, el PSOE -junto a Más Madrid- ha maniobrado para que siga la causa.

Tan sólo una hora antes de la comparecencia de los investigados, estos partidos han enviado un escrito en el que solicitaban una investigación más amplia así como la suspensión de las declaraciones previstas. La juez ha acogido la petición pese a que los investigados habían viajado hasta Madrid. Más Madrid ha aprovechado además para enviar a un diputado de la Asamblea de Madrid a comparecer ante los medios, cargando contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.