Moncloa no dejará caer a Marlaska pese a la sentencia de Pérez de los Cobos: «Su actuación fue correcta»

La Justicia acaba de propinar uno de los golpes más sonoros al actual Gobierno y a su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska: el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos fue ilegal, tal y como acaba de afirmar una sentencia. Y ello implica que la decisión del ministro de Grande-Marlaska, no tuvo justificación profesional sino política. Y de la peor política. Pero Moncloa no está dispuesta a admitirlo y a responsabilizarse. Por ello, no dejará caer al ministro. Para el Gobierno, y pese a la sentencia en contra, «la actuación del ministro fue correcta». Fin del asunto. Al menos, por ahora.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos deberá ser restituido como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid casi un año después de ser fulminado por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Esa es la principal consecuencia de la sentencia emitida por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid que ha dado la razón al mando de la Benemérita, que recurrió la decisión de su cese.
Hay que recordar que Grande-Marlaska atribuyó la destitución del coronel a una falta de confianza. Y ello, pese a que desde el primer momento pareció obvia la relación entre el cese de Pérez de los Cobos -responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en aquellas fechas del inicio de la pandemia en España- y el informe de la Guardia Civil sobre la presunta responsabilidad de la Delegación del Gobierno en la propagación del Covid al no haber prohibido las manifestaciones del 8M del año pasado.

Restitución de Pérez de los Cobos

El fallo, que exige la restitución de Pérez de los Cobos, de hecho, es demoledor en la crítica a la actuación del Gobierno: «No podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban».

El propio coronel en su escrito de recurso contra el despido ya anunciaba que «los hechos descritos en su demanda ponen de manifiesto que la Resolución de cese es directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal, como lo hubiera sido haber informado a los responsables políticos del Ministerio del Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva por haberlo así dispuesto la autoridad judicial que la ordenó».

La investigación era la llevada a cabo por parte de un juzgado de Madrid sobre la presunta responsabilidad que pudiera haber tenido la Delegación del Gobierno de Madrid al haber autorizado las masivas concentraciones del 8M de 2020 cuando la pandemia por el coronavirus ya era un hecho constatado por la Organización Mundial de la Salud.

La sentencia va a más y destaca, efectivamente, que «no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban».

El fallo añade que «no se trata de un cese por pérdida de confianza; es en realidad una sanción administrativa encubierta consecuente a que el Coronel no llevó a cabo el acto abiertamente ilegal que de él se esperaba». Y concluye que «la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad. Por el contrario, las potestades discrecionales deben ejercitarse dentro de la legalidad». Especialmente, porque «la Magistrada había ordenado al Capitán Jefe de la Unidad de Policía Judicial que extremase la cautela» (en relación a las solicitudes de información por parte de la dirección política de la Guardia Civil y de Interior).

Toda la sentencia se convierte, de este modo, en un completo varapalo al Gobierno y, en concreto, a Fernando Grande-Marlaska. Pero, pese a todo ello, el Gobierno tiene claro el cierre de filas: no se dejará caer al ministro del Interior.