Moncloa advierte a los voluntarios del 1-O: «Serán colaboradores necesarios de un delito»

El ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, ha advertido hoy a los voluntarios que ayuden en la organización del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña que serán colaboradores en el incumplimiento de la ley y, por tanto, de un delito. «El que participe, lo sabe», ha afirmado. Un mensaje que amplía las consecuencias de coadyuvar a la consulta separatista más allá de alcaldes o cargos municipales.

Así, Méndez de Vigo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de de Ministros de este viernes que «esa ley ha sido anulada por el Tribunal Constitucional y quien facilite o colabore en ese referéndum lo sabe. Por tanto todo, el mundo deberá aceptar las consecuencias de sus actos».

A las preguntas de los periodistas, el portavoz del Gobierno ha querido dejar claro que no hablaba de votantes, sino de aquellos que ayuden a la organización del 1-O. «No. Se irá contra los organizadores, contra quienes lo organicen» porque «serán responsables del incumplimiento de la ley».

El ministro ha advertido además que, a diferencia de los 947 alcaldes a los que se ha pedido que el TC les notifique que impidan o paralicen cualquier iniciativa, «los ciudadanos que participen en esa organización no necesitan ninguna comunicación como se ha hecho con los ayuntamientos porque lo saben».

Una advertencia que, según fuentes del Gobierno, incluirá desde interventores, a todo tipo de voluntarios encargados de guardar, vigilar o colocar las urnas, así como también a directores de colegios o institutos que lo permitan. Y que incurrirían, subraya Moncloa, en un tipo delictivo.

Unos 16.000 voluntarios y 560 alcaldes

Un escenario que afectaría a los participantes en ese referéndum ilegal y para el que  según ha anunciado este viernes el Govern se habrían registrado ya cerca de 16.000 voluntarios. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya avanzó este verano que los separatistas tendrían preparada una bolsa de voluntarios para contar con «agentes electorales» en la jornada del referéndum.

Respecto a los 560 alcaldes que ya habrían comunicado su intención de desobedecer la ley, el portavoz del Gobierno ha recordado que hace una semana el secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, ya comunicó a los ayuntamientos y sus interventores que se considerarían delictivos los actos preparatorios. Y que así lo estableció un auto del TC del pasado 14 de febrero.

En ese sentido, el portavoz del Gobierno ha asegurado que «el Gobierno confía en que todos los alcaldes cumplan la ley, pero que «si colaboran en una ilegalidad tendrán que estar a las consecuencias de la misma. Espero que recapaciten» ha señalado.

En este sentido, Méndez de Vigo, ha recordado que en la anterior consulta ilegal del 9-N «algunos dijeron que no sabían que era ilegal y de su responsabilidad», pero «ahora no sucede eso, y todo el mundo deberá aceptar las consecuencias de lo que haga».