España

Moncloa adoctrinará en las aulas sobre las ‘fake news’ como riesgo para la Seguridad Nacional

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, con el objetivo de aumentar la conciencia de la ciudadanía sobre la Seguridad Nacional y fomentar la «corresponsabilidad» ante los desafíos y amenazas a los que se enfrenta España. El plan, según ha podido saber OKDIARIO, dedica un apartado específico a la «formación»- desde la Educación Primaria a la Universitaria y Formación Profesional- y la importancia de adquirir un conocimiento amplio sobre la seguridad y los mecanismos de que dispone el Estado para garantizarla. En esa formación se pretende instruir a los jóvenes para hacer frente a la llamada «desinformación». También se incluyen campañas de divulgación y comunicación pública para concienciar sobre la importancia de acceder a una «información veraz».

Temáticas que aborda el conocido como Ministerio de la Verdad, la polémica Comisión Permanente contra la Desinformación, creada formalmente en octubre pasado dentro del procedimiento de Moncloa contra la «desinformación».

Esta comisión -que provocó las suspicacias de la oposición, pero también de los propios profesionales y asociaciones de la comunicación- está dirigida por la Presidencia del Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, y presidida por el director del Departamento de Seguridad Nacional.

«Información veraz»

En la orden en la que se recogía su creación se destacaba que «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas» es la «información veraz y diversa», al tiempo que se avisaba de «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios». Por ello, el Gobierno estimó «imprescindible establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España».

Ante la polémica generada, el Gobierno puntualizó que la pretensión no era aplicar una censura de contenidos, sino «evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país».  «En ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones», añadía una nota gubernamental.  Moncloa alegó, asimismo, que respondía así «a la petición de la Unión Europea de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación».

Secreto oficial 

No obstante, el secretismo que ha guardado el Gobierno sobre el Ministerio de la Verdad sigue levantando suspicacias.

Este periódico intentó recabar información sobre sus trabajos a través del Portal de Transparencia. Sin embargo, en una resolución de la vicesecretaría general de la Presidencia del Gobierno, se aseguró que la Comisión «al ser un instrumento técnico y de carácter permanente, no levanta acta de sus reuniones».

Por otro lado, se destacó que «la documentación que se elabora en el Departamento de Seguridad Nacional no es de uso público, salvo que expresamente se declare» como tal.

El director del Departamento de Seguridad Nacional, el general Miguel Ángel Ballesteros, compareció este lunes en el Congreso de los Diputados para informar sobre el asunto.

Aunque no desveló apenas detalles, sí puso como ejemplo de «desinformación» las sospechas que se lanzaron en las elecciones del pasado 4-M sobre el voto por correo. Sospechas que, como publicó OKDIARIO, quedaron acreditadas con la denuncia de decenas de ciudadanos que habían recibido tickets con votos emitidos sin haber votado. La Junta Electoral, incluso, obligó a Correos a dejar de entregar facturas con los votos falsos.

Ballesteros, en cambio, encuadró la polémica en una «campaña de desinformación» y alegó que «tenía su peligro» porque ponía en cuestión la credibilidad de las instituciones democráticas.

Ante las críticas por una posible censura, el general alegó que «no podemos dañar ni de refilón el artículo 20 de la Constitución» y defendió que «el ciudadano tiene que volver a los orígenes en las fuentes. Tiene que volver al periodismo».

El asunto genera las críticas de la oposición. Por parte del PP, el diputado Fernando Gutiérrez de Otazu se preguntó «quién controla al controlador» y advirtió de la «tentación de gestionar la información en beneficio del interés partidista del que gobierna». Desde Vox se señaló al Gobierno como «fuente inagotable de bulos y mentiras».