Más presión para Sánchez: la reunión de Junts termina sin acuerdo con el PSOE sobre la amnistía

El acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez parece que tampoco se firmará este lunes. A primera hora de la tarde ha finalizado la reunión de la permanente de Junts, liderada por Carles Puigdemont -y que se ha celebrado durante varias horas en Bruselas- sin acuerdo con el PSOE. De hecho, varios de los dirigentes independentistas se han dirigido ya hacia el aeropuerto internacional de Zaventem para regresar a Barcelona. Algunos asistentes al encuentro han manifestado su rechazo a «cerrar ya el pacto» con los socialistas y piden retrasar el acuerdo. La intención del presidente en funciones era someterse a su investidura esta misma semana.

Pese a la reticencia de varios dirigentes de Junts, Carles Puigdemont, Jordi Turull y Miriam Nogueras, entre otros, «seguirán hablando» con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, que se ha desplazado en varias ocasiones estos días a Bruselas para intentar cerrar un acuerdo.

El encuentro ha concluido poco después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputaba por terrorismo a Puigdemont y a la número dos de ERC, Marta Rovira, por su papel en el caso Tsunami Democràtic.

El principal escollo de la negociación es el alcance de la amnistía. El partido de Puigdemont exige que beneficie también a investigados por corrupción sin relación directa con el 1-O. Junts y el PSOE siguen enquistados en «cuestiones técnicas» para afinar un redactado satisfactorio para ambas partes, y que permita investir al líder socialista.

Los equipos de ambas formaciones liman especialmente algunos aspectos del redactado, como la exposición de motivos, donde se plasma el alcance y la constitucionalidad de la norma.

El abogado del ex president catalán y uno de los negociadores de Junts, Gonzalo Boye, ha sostenido este lunes a través de sus redes sociales que «el lawfare debe entrar en la ley de amnistía, no por los nombres sino por lo que implica políticamente para España», un movimiento que le beneficiaría a él personalmente, pero que rechaza ERC.

Este lunes, Raquel Sans, portavoz del partido liderado por Oriol Junqueras y Pere Aragonés, ha advertido a Sánchez que revisarán el acuerdo sobre la amnistía que firme con Junts. Su visto bueno dependerá de que no se sobrepasen unas líneas rojas que los republicanos consideran cruciales: ERC no quiere que la norma amnistíe a aquellos que estén vinculados con casos de corrupción al margen del contexto del referéndum ilegal.

Posibles beneficiarios de la amnistía

Como ha publicado este periódico, la amnistía alcanzaría a quien fuera jefe de Gabinete y hombre de la máxima confianza de Puigdemont, Josep Lluís Alay, implicado en el llamado caso Volov en el que se investiga el presunto desvío de fondos públicos al procés independentista, además de las conexiones de los separatistas con la Rusia de Vladimir Putin.

Alay está acusado también de malversación y prevaricación por un viaje que, en representación del fugado, hizo en 2018 al referéndum secesionista de Nueva Caledonia.

Otro posible beneficiado por la amnistía sería el ex consejero de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por contratar a un mosso d’esquadra, Lluís Escolà, para que hiciera de escolta de Puigdemont en Bélgica. Está condenado a cuatro años de cárcel por el delito de malversación e inhabilitación de 10 años.

También se incluiría el caso contra los miembros de la Mesa del Parlament que presidió el ahora conseller Roger Torrent, por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), al tramitar resoluciones parlamentarias relacionadas con la autodeterminación y que reprobaban a la monarquía, por considerar que la absolución fue «absolutamente arbitraria».

Sin embargo, las fuentes consultadas descartan la amnistía para la familia Pujol y para Laura Borrás, condenada por trocear contratos públicos. También para Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont.