Marlaska quiere desahuciar a dos viudas y tres policías jubilados de sus casas en Cádiz

• Luis Miguel Montero @Luismimontero
• Periodista de Investigación en OKDIARIO.
• • 17/10/2021 06:50
  • Actualizado: 17/10/2021 08:49

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende desahuciar a dos viudas y tres policías nacionales jubilados de sus casas en Cádiz. Se trata de Andrés Martínez, subinspector jubilado de 84 años; Fernando Fernández-Reinoso, de 76 años, y Miguel Vela, de 78 años. Además, en la misma colonia viven las viudas Dorotea Gómez, de 73 años, y Cándida López, de 75 años. Ésta última tiene una rodilla rota y está recibiendo quimioterapia porque padece un cáncer.

Cándida se llevó el pasado jueves el susto de su vida cuando a su puerta llamaron cinco policías uniformados con cascos y defensas. En la mano llevaban una notificación de desahucio expedida por la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP) a nombre de su hijo, aunque en la casa vive ella y su marido, policía nacional jubilado, hasta que falleció. La notificación es el anuncio del inicio de un procedimiento «de desahucio administrativo una vez declarada extinguida la ocupación posesoria de la vivienda referenciada para así hacer efectiva la recuperación de oficio de la posesión indebidamente perdida (…)».

La nota iba a nombre de José María Merino López, hijo del policía nacional ya fallecido titular de la vivienda y de Cándida. La cuestión es «que yo no estaba allí y mi madre lo firmó sin saber lo que hacía, cinco policías con cascos y tres de paisano en la calle es para que una señora mayor tenga miedo. ¿Qué pasa ahora en la Policía? ¿Se han convertido en asustaviejas? La orden viene de Madrid y no sabemos ahora por qué, ya que en 2019 se quedó paralizada después de que una vecina les ganase un juicio y el juez le dijese que se podía quedar en su casa».

Las cinco familias que quedan en la colonia residen allí desde hace más de 45 y 50 años en algunos casos. Eran viviendas que la DGP ponía a disposición de los agentes y mandos trasladados a la ciudad de Cádiz desde otras provincias. «Mi padre era de Sevilla pero fue trasladado a la comisaría de Cádiz y le dieron esa casa. Le cobraban un alquiler que descontaban de la nómina hasta 1984. Cuando dejaron de hacerlo les dijo que ya no se lo cobraban y le dijeron que no importaba, que se olvidara. Nosotros no queramos estar gratis en ningún lado, que nos permitan pagar el alquiler y ya está», explica a OKDIARIO José María Merino.

En 2019 la DGP y el ministro Marlaska ya intentaron el desahucio de los mismos vecinos de la calle Fernández Ladreda, pero se opusieron y acudieron a la prensa que se hizo eco de su caso. Ante el escándalo mediático que se organizó, el Ministerio de Grande-Marlaska echó marcha atrás y luego vino la pandemia del Covid que paralizó todos estos procedimientos. Pero ahora «han retomado el asunto y no sabemos por qué. Lo peor de todo esto es que nadie se sienta con nosotros a explicarnos la causa o darnos alguna solución. Yo les pido que a la gente mayor, como las viudas, les dejen quedarse allí hasta su muerte y no darles disgustos para lo poco que les queda y veo lógico que los hijos de aquellos policías tengan que desalojar las casas», añade Merino.

Otro problema grave es que ninguno de los cinco afectados posee obviamente títulos de propiedad, pero pueden acreditar el uso y disfrute de las viviendas porque han pagado el agua y la luz durante las últimas décadas y durante años la DGP les descontó el dinero del alquiler de sus nóminas.

Cándida cobra 700 euros de pensión de viudedad y el precio medio de un alquiler en la ciudad de Cádiz es de 733 euros. Es decir, que si a Cándida López o a cualquier otro de los afectados les obligasen por la fuerza a marcharse deberían debatirse entre pagar una casa o comer a diario. En el caso de Cándida López además el problema es que padece un cáncer y está recibiendo ahora mismo quimioterapia.

«En 2019 nos reunimos con el delegado del Gobierno y el comisario de Cádiz y nos dijeron que se podía hacer algo con Asuntos Sociales, pero nunca más se supo de aquello», recuerda José María Merino. Conforme las familias se han ido marchando la Policía ha cambiado las cerraduras de las otras viviendas, que están vacías, sin que nadie conozca su destino. El suelo es municipal pero esas casas son de la DGP «y nadie se pone en contacto para explicarnos nada», añade Merino.

Si nadie lo remedia dos viudas de policías nacionales y tres policías jubilados que dieron los mejores años de sus vidas al servicio de la ley y de los demás serán víctimas de estos nuevos intentos de desahucio por orden del Ministerio de Grande-Marlaska.