España
Ministerio del Interior

Marlaska desarma a la Policía: ahora prohíbe el gas lacrimógeno para disolver manifestaciones violentas

Los agentes se alzan contra esta polémica medida destacando que el gas lacrimógeno es lo menos lesivo y evita más fuerza

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desarma a la Policía: ahora prohíbe el gas lacrimógeno para disolver manifestaciones violentas. Esta polémica decisión se produce tras los disturbios generados este miércoles por violentos huelguistas en Madrid y Barcelona, y pese a la violencia callejera a la que se enfrentan los agentes, que reciben constantes ataques durante sus intervenciones, como ocurrió durante la huelga, donde les lanzaron hasta vallas.

Tan sólo el mes pasado, fueron atacados una treintena de policías a manos de antisistema, tanto en el asentamiento en la Puerta del Sol, como en protestas por la vivienda. O en las movilizaciones alentadas por Blocus, la plataforma anónima que difundió en redes sociales una convocatoria por la «calidad de los institutos» y terminó derivando en graves disturbios en Barcelona y que iban a tener su réplica en otras ciudades, pero no llegaron a materializarse porque la Policía desarticuló esta red con la detención de sus promotores.

Marlaska ha reaccionado este jueves a la violencia callejera de los huelguistas prohibiendo el uso del gas lacrimógeno. Una medida ante la que se han alzado los agentes, denunciándola públicamente.

Tanto el sindicato de mandos policiales como el sindicato Jupol han puesto pie en pared combatiendo esta decisión del ministro. «Son herramientas esenciales de intervención», subraya el Sindicato  Profesional de Policía (SPP), el de mandos. Este sindicato hace hincapié en que «retirar herramientas operativas como el gas lacrimógeno de los dispositivos antidisturbios no es modernizar, ni es progresista, sino dejar a los agentes vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz».

«¿Qué pretende el Ministerio? ¿Que los policías tengan que enfrentarse a pedradas, quema de contenedores y cargas físicas cuerpo a cuerpo sin los medios adecuados?», se pregunta el presidente del SPP, Daniel López Gutiérrez. 

El sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, también considera «profundamente equivocada» esta medida desde el punto de vista operativo. Este sindicato destaca que el gas lacrimógeno constituye «un medio coercitivo de intervención que permite, en determinadas circunstancias, actuar manteniendo la distancia y evitando el contacto físico directo con los individuos violentos» y recuerda que su utilización está sometida a criterios de necesidad, congruencia y proporcionalidad.

«No se trata de un recurso que los policías puedan utilizar arbitrariamente, sino de una herramienta reglamentaria de la que les dota la propia Administración para responder a situaciones que requieren una intervención policial», señala este sindicato, destacando que la decisión de Marlaska «reduce las alternativas de intervención de los agentes y puede obligarles a recurrir a medios más contundentes y de contacto directo, como las defensas policiales, incrementando el riesgo de lesiones tanto para los policías como para los ciudadanos».

Jupol también se pregunta «si el ministro ha valorado realmente las consecuencias operativas de esta decisión o si, una vez más, estamos ante una medida adoptada desde un despacho, sin tener en cuenta la realidad que viven los agentes en la calle».

Investigación por las cargas policiales

En paralelo a prohibir el uso del gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones, Marlaska ha ordenado al director de la Policía que abra investigaciones específicas exprés por las cargas policiales durante la huelga. Otra medida ante la que se alzan los agentes. El sindicato de mandos considera que lo que hace el ministro es «criminalizar» a los agentes.

Para el SPP, si esta jornada de huelga general pudo saldarse sin consecuencias mucho más graves fue «gracias a la impecable planificación operativa de nuestros mandos, profesionales con una dilatada experiencia al frente de las Unidades de Intervención Policial (UIP), de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y del resto de unidades desplegadas sobre el terreno».

«Su pericia y temple permitieron contener los focos más críticos y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios manifestantes pacíficos frente a la actuación coordinada de piquetes violentos», señala Daniel López, indicando que «cientos de agentes» se jugaron este miércoles la integridad física en las calles para proteger el orden público y defender el Estado de Derecho.

«El uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional no es arbitrario; es legítimo, es legal y está guiado en todo momento por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad», recalca el SPP, subrayando que  «nuestros agentes no salen a la calle a agredir a nadie, sino a restablecer el orden cuando un grupo violento decide pisotear los derechos del resto de los ciudadanos».

«Pretender hacer creer que la violencia se combate sin medios es una irresponsabilidad absoluta que pone en riesgo directo la vida de nuestros policías», sentencia.

Para Jupol, Marlaska «vuelve a demostrar que está más preocupado por fiscalizar las actuaciones policiales que por respaldar a los profesionales que se juegan la vida cada día para garantizar la seguridad de los ciudadanos».

«Nos investigan por hacer nuestro trabajo, pero no condenan la violencia contra los policías», denuncia el sindicato mayoritario, recordando que el ministro del Interior sigue sin dar el pésame por el asesinato el pasado martes de un policía en Oviedo. Y reclama, una vez más, la dimisión inmediata de Marlaska.

«España necesita un ministro del Interior que esté al lado de sus policías cuando son asesinados, agredidos y amenazados, no uno que aparezca únicamente para investigarlos cuando cumplen con su obligación. Los policías nacionales necesitan un ministro que los defienda, no uno que los señale», concluye.