Manual de guerra, el ‘procés’ al desnudo y las declaraciones panorámicas de la Guardia Civil

No ha gustado, en absoluto, a las defensas de los golpistas catalanes la declaración hoy de los miembros de la Guardia Civil sobre los hechos preparatorios del 1-O. Vaya por delante -una vez escuchados sus testimonios ante el Supremo, en el marco del juicio del ‘procés’- mi reconocimiento a su siempre profesional, e impagable, labor. Por la completa y panorámica visión de lo incautado en los registros judiciales y por la abundancia y detalle de los datos expuestos sobre la preparación del referéndum ilegal.

No importa si las preguntas tenían que ver con cartelería y campañas publicitarias, entradas de la policía judicial en las sedes centrales de Unipost y ‘Diplocat’, o si, por el contrario, se trataba de los documentos encontrados en los despachos de algunos de los entonces dirigentes de la Generalitat. Todo lo que han aportado resulta sumamente revelador. Y todo parece gritar, en cada rincón de la sala de vistas, en cada silencio, ¡malversación, malversación!.

Guardia Civil 1: «Manual de guerra»

La Guardia Civil encontró ocho folios hechos trizas, que posteriormente reconstruyó, en una papelera dentro del cuarto de la fotocopiadora del despacho del entonces secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó. El episodio ha sido relatado en el Supremo, de viva voz, por el jefe del dispositivo policial que registró su domicilio particular y su despacho profesional por mandato judicial.

Salvadó se enteró telefónicamente por una de sus secretarias, minutos antes de que sonase el timbre de su casa a primera hora de aquella mañana, de lo que estaba por llegar.»Entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa y tírala al patio», pidió.»Ya he cogido algunas, las he metido en la caja de aguas, pero está aquí la Guardia Civil y ya no me da tiempo», le contestó ella.

Trataba de ocultar a los agentes, el más estrecho colaborador de Junqueras, un documento que contenía información sobre los «escenarios posteriores al referéndum» del 1 de octubre, divididos en cuatro fases: noche electoral, recuento de votos y proclamación formal, período de transitoriedad jurídica y proceso constituyente.

Lluís Salvadó, el más estrecho colaborador de Junqueras, ordenó a su secretaria destruir documentos sobre los «escenarios posteriores» al 1-O

De hecho, Junqueras apareció «cuando nadie se lo esperaba, acompañado por unas diez personas, para hablar con Salvadó». Hubo un «pequeño forcejeo» porque aunque los agentes de la comisión judicial le advirtieron de que «no podía tener contacto con el detenido», el entonces vicepresidente de la Generalitat, «hizo caso omiso, lo saludó, se abrazaron o se dieron la mano» y mantuvieron una breve conversación «en catalán».

Del registro de Salvadó se obtuvieron «dosieres, archivadores, carpetas, libretas y material informático», relativos a la organización de una agenda estatal propia; acciones orientadas a la obtención de un reconocimiento internacional, de un futuro Estado propio; y,»una carpetilla azul con la tarjeta de la Agencia Tributaria» bajo el título «escenario de guerra» y «escenario de guerrilla» con «dos hojas manuscritas», en su interior, donde se detallaban las medidas que podía tomar el Estado español ante el «desafío independentista y las vías de subsistencia» con las que podía responder Cataluña. Acreditando la rebelión.

Guardia Civil 2: «El ‘procés’ al desnudo»

Tras analizar las cuentas del ‘Diplocat’, los agentes comprobaron que «existían pagos de vuelos y hoteles para un determinado grupo de personas que estuvieron en Barcelona entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre» a los que se encargaron «labores de observación» para el referéndum del 1-O. El cabo de la Guardia Civil que declara en segundo lugar afirma, «sin género de duda», que el consorcio catalán contrató a parlamentarios y exparlamentarios internacionales para que asistiesen a los centros de votación y que, incluso, uno de ellos fue pagado por la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea.

Todas las actividades de ‘Diplocat’ -en contra de lo declarado por su ex secretario general, Albert Royo, que aseguró eran «expertos» realizando un «análisis académico» de la realidad catalana- fueron orientadas en 2017 «al pago de quienes vinieron para verificar» la consulta ilegal.

El agente desmenuza cómo en la documentación incautada aparecían detalladas hasta «tres actividades diferentes», «perfectamente definidas con sus importes», que fueron atendidas en un 85% del total por la Generalitat. Dinero público procedente, al menos en uno de los casos «de una partida del departament de Exteriores, dependiente de Raül Romeva» tal y como reflejó en un informe «la interventora de la Generalitat».

El 85% de los gastos de observadores internacionales invitados por ‘Diplocat’ para verificar el 1-O los atendió la Generalitat

No sería la única. También las campañas de ‘Civisme’ fueron de pago: «Las facturas las aportó la señora Nuria Llorach» cuando se las requirieron, vía mandamiento, desde el «juzgado de instrucción número 13 de Cataluña». Todos los directores de servicio contestaron al órgano judicial «que no se había destinado ni un solo euro a esta campaña». Ante lo cual, el propio juzgado se dirigió en el mismo sentido a la «Delegación del Gobierno, desde donde se reenvió a la Secretaría de Estado de Hacienda quien, a su vez, lo remitió a la interventora» que identificó «una partida sustraída del fondo de contingencia, asignada al pago de estas campañas». «Todo el expediente de pagos aparecía reflejado en varios correos que se emitieron por parte del señor Junqueras y del señor Turull, donde se aseguraba que, al no afectar a ningún proceso refrendario, no violentaba ninguna de las órdenes judiciales que lo prohibían», abunda.

El «tal Toni», el misterioso contacto de la Generalitat que encargó la publicidad del referéndum del 1-O a diferentes proveedores -entre ellos el propio Enric Vidal, coordinación de acción política de ERC en Badalona y diseñador gráfico- estaba detrás. Y el susodicho no era otro que el secretario de ‘Difusió’, Antoni Molons, próximo al exconseller Jordi Turull. Resuelto uno de los enigmas fundamentales del juicio, gracias al cabo de la guardia civil.

Molons entregó a Vidal un teléfono móvil de contacto. El número se rastreó. Correspondía a una línea prepago que fue contratada por «un tal Antonio Gorda», pero «cuyo DNI correspondía a Antoni Molons». Lo confirmaron los agentes en el registro de su domicilio. Allí encontraron la tarjeta SIM correspondiente, dentro de un teléfono en la habitación de una de sus hijas.

«El tal Toni» es Antonio Molons. Resuelto por el cabo de la Guardia Civil uno de los mayores enigmas del juicio del ‘procés’. 

Los investigadores sospechan que Molons -que renunció a testificar en este juicio por su condición de imputado en otra causa por los mismos hechos- desempeñó un papel clave en la financiación de las campañas publicitarias de la Generalitat a favor del referéndum del 1-O, mediante «pagos opacos» con los que la máxima institución autonómica pretendía burlar la prohibición, para la financiación pública del mismo, del Tribunal Constitucional.

Mismo resultado tras el registro en la sede de Unipost. El guardia civil explica, siempre a preguntas de un certero fiscal Zaragoza, que también participó en el registro de la sede central de la empresa de mensajería en L’Hospitalet de Llobregat: «Accedimos a una nota manuscrita y a una tabla llamada ‘resumen campaña Generalitat’ en el despacho de Pablo Raventós» donde «se identificaba a 5 departamentos de la Generalitat entre los que se repartían las cantidades correspondientes al trabajo de envío de las 56.000 cartas certificadas, a través de las que se notificaban los nombramientos de los integrantes de las mesas electorales».

«También se encontraron facturas proforma y notas de entrega, con sello original de cada uno de ellos, que correspondían a un pedido oficial de la Generalitat a Unispost», detalla. El gasto total de las mismas «no llegaba al millón de euros, sin IVA», recuerda el agente. El ‘procés’ al desnudo. La cocina de los preparativos, al descubierto, por primera vez en el juicio, narrada en primera persona.

Guardia Civil 3: «El capítulo de ‘terror’»

Riesgo de asalto, intento de «sustraer» a un detenido, amenazas de muerte y zarandeos en los coches de la Guardia Civil. Así describe el tercer agente, ante el tribunal, el  ambiente de crispación y la escalada violenta que se vivió, el 20 de septiembre de 2017, durante el registro de la comisión judicial al Departamento de Exteriores.

Hasta tal punto fue así que uno de los entonces detenidos, Xavier Puig Farré, lo describió -tras abandonar su registro domiciliario previo, envuelto en una cápsula de seguridad de doble anillo, hasta el vehículo policial sin logotipar que le esperaba a un metro del portal- como «un capítulo de terror total». No cesó ahí la escena. Los concentrados «nos tiraron agua, botellas y ocurrió un hecho gravísimo: la multitud se agolpó de tal manera que quisieron sustraer al detenido de la cápsula», ha revelado. Algo que, asegura, en más de 25 años de profesión, no había visto jamás.

Las personas que se amontonaban entorno al coche policial «denotaban violencia, eran caras de muchas rabia. Una rabia descontrolada», describe el agente. Se «produjeron forcejeos; una lluvia de golpes en el vehículo, en las puertas y en el techo, que incluso rompieron los cristales; había personas tumbadas en el capó y agarradas al limpiaparabrisas». Generaron «un riesgo grave para la integridad de detenido» que, ante tal espectáculo, lo «único que alcanzaba a decir era, ‘Sáquenme de aquí, por favor’».

Marchena cita a Alonso Martínez 

Desde su labor al frente de la Comisión Parlamentaria de Justicia, primero, y como ministro de Gracia y Justicia, Alonso Martínez parió, en 1882, la Ley de Enjuiciamiento Criminal -código procesal español que rige la fórmula de los procedimientos judiciales del orden penal, tanto en su fase de investigación, como en su fase de celebración del juicio oral – y, posteriormente, el Código Civil de 1889. Ambos siguen hoy vigentes.

Al autor se refiere el presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, durante su reprimenda al letrado defensor, André Van den Eynde, que se queja -en una de las múltiples protestas que han formulado las defensas, profundamente incómodas, durante la sesión de hoy- porque se interrogue a un testigo al que no se ha tomado previa declaración en fase de investigación. Algo que es totalmente contrario a la espontaneidad propia de la prueba testifical y a los principios de contradicción e inmediación que rigen la celebración de la vista oral del procedimiento penal.