La Justicia ya se pronunció sobre el discurso de Vox con la inmigración: «No es delito de odio»

Vox ha incendiado la campaña de las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid con un cartel colocado en la estación de Sol. En el cartel se puede leer el siguiente mensaje: «Un ‘mena’ 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes». Todos los partidos han condenado el mensaje, calificándolo de racista y xenófobo. Pero, en la vertiente judicial, ¿ha cometido Vox un delito de odio con su cartel sobre los menores no acompañados? Según la Justicia, no.

Aunque la Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación penal (DIP) para investigar la posible comisión de un delito de odio por parte de la formación de Santiago Abascal y Rocío Monasterio, el cartel sobre los ‘menas’ puede resultar ofensivo, incluso racista, pero no se puede incardinar dentro de la definición de delito de odio del Artículo 510 del Código Penal. Al menos, si se tiene en cuenta que ya existe una resolución judicial (consultar aquí), a la que ha accedido OKDIARIO, referente al discurso que Vox utiliza con respecto a la inmigración ilegal en la que, tras una denuncia de la Fiscalía, se archivó el caso.

Ese auto, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, y firmado por los magistrados José Manuel Ortega -‘mirlo blanco’ de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) en Valencia- Valentín Ruíz y Javier García-Miguel (ponente), hace referencia a un recurso presentado por la Fiscalía de Odio contra el archivo del procedimiento penal abierto por un delito del Artículo 510 contra Vox.

La causa se inició a raíz de un tuit publicado desde la cuenta oficial de la formación de Abascal, @voxnoticias_es , en el que se hablaba de un abuso sexual cometido cometido por varios hombres en una playa valenciana.

El tuit, actualmente borrado, decía: «Lo País, se os ha olvidado un detalle, son cinco magrebíes. Imprescindible puntualizar el origen extranjero de la mayoría de los violadores para que los españoles tomen conciencia del tipo de delincuentes a los que estáis abriendo las puertas y subsidiando con el dinero de todos». El problema es que los agresores no sólo no eran marroquíes, sino que no eran ni extranjeros. Eran vecinos de la localidad donde sucedieron los hechos, todos ellos nacidos en España.

El auto de la Audiencia Provincial, firmado por el adalid de JJpD José Manuel Ortega, decía que, aunque el mensaje era ofensivo, no había delito de odio. Es más, el escrito aseveraba algo todavía más interesante, y es que las formaciones políticas tienen derecho a mentir de cara a su electorado, que los discursos, aunque xenófobos, entran dentro de la libertad de expresión, y que no podía existir un delito de odio porque el mensaje no iba dirigido contra nadie concreto. Una afirmación, ésta última y la de la mentira, aplicable al cartel de Vox sobre los ‘menas’.

El auto

En el auto referido, los magistrados entraron al fondo del discurso político, asegurando que daba igual que se estuviera mintiendo. Así, en el escrito se podía leer: «Se puede llegar a la conclusión de que el mensaje, aún siendo objetivamente ofensivo y éticamente rechazable, se efectúa en el ámbito de la libre formación de la opinión pública, aún cuando trate de inocular opiniones erróneas, estadísticamente incorrectas e indiferentes desde el punto de vista penal».

Todo ello, a juicio de los magistrados, porque el mensaje, allí un tuit y ahora aplicable a un cartel, puede tener por finalidad, consideran, «introducir el debate sobre políticas migratorias por parte de un partido político, aún cuando el debate sobre el origen étnico de los delincuentes sea perfectamente estéril y absurdo».

Sobre la libertad de expresión, señalan: «La libertad de expresión no está directamente relacionada con la veracidad de la noticia ni del argumento que se da en el mensaje. La libertad de expresión se refiere a la libertad de emitir mensajes como formadores de opinión pública, sin perjuicio de que los mensajes que se emitan sean ciertos o no».

Y añaden a este respecto que «la libertad de expresión, en su dimensión institucional, nada tiene que ver con la realidad de los mensajes que se emiten. La demagogia y los populismos no son censurables desde este punto de vista, con el límite del discurso de odio».

Datos 

En cuanto a los datos que se pueden leer en el cartel de Vox, que cada ‘mena’ recibe 4.700 euros al mes, ha sido la propia Comunidad de Madrid la que ha afirmado que han sido manipulados por la formación que dirige Santiago Abascal, y que no son ciertos. Según la CAM, ahora mismo en Madrid hay 3.709 menores que reciben las ayudas. De ellos, 2.637 son españoles y 1.072 extranjeros, y dentro de ese porcentaje de extranjeros, tan sólo 269 son ‘menas’.

La comunidad de Madrid recibe 91,2 millones de euros anuales, pero ese dinero no se reparte en función de la nacionalidad del menor, sino de la necesidad y de la emergencia de cada caso en concreto, tal y como ha explicado la propia comunidad autónoma. “Es para cualquier menor al margen de su nacionalidad», han dicho desde la CAM.

Pero además, y con respecto al dinero con el que cuenta la  Comunidad de Madrid para los menores, se reparte también no sólamente para ellos en comida, ropa, y demás necesidades básicas de un menor, sino que también se destina a mantener los centros en los que los niños están atendidos, así como a pagar las nóminas de los trabajadores y el mantenimiento de los centros. Es decir, el dinero lo reciben las organizaciones encargadas de cuidarles, no ellos.