La Justicia acumula 4 recursos sin resolver por el adoctrinamiento escolar contra la Guardia Civil

La Audiencia de Barcelona acumula un total de cuatro recursos sin resolver contra la decisión de archivo, del Juzgado de Instrucción número 7 de Martorell, sobre la causa penal instada contra los docentes del IES Palau de San Andrés de la Barca, por supuesto adoctrinamiento a sus alumnos en contra de la Guardia Civil.

Es el actual balance de la situación procesal en el tribunal barcelonés que, en las próximas semanas, tendrá que pronunciarse sobre si reabre el procedimiento judicial -instado desde varias asociaciones de guardias civiles- para depurar responsabilidades políticas por los comentarios vertidos por varios docentes contra los miembros de la Benemérita, tras la actuación de los agentes el 1-O, en presencia de sus hijos y el resto de escolares del centro.

Esto es, la Audiencia de Barcelona deberá determinar si acusa formalmente, tal y como solicita la Fiscalía en uno de los cuatro recursos pendientes de resolución, a nueve de los profesores del instituto catalán, como presuntos autores de un delito de odio.

Por el momento se encuentran registrados un total de 4 impugnaciones contra las decisiones previas del juzgado de primera instancia que instó el sobreseimiento de la denuncia presentada, de forma inmediata, contra 5 de los docentes identificados por los adolescentes.

Además, se mantienen a la espera de pronunciamiento: el recurso planteado por la acusación particular de una de las alumnas afectada, contra la instrucción individualizada de los otros 4 denunciados, al entender que supone una «vulneración del principio de unidad procesal»; así como los dos presentados por el Ministerio Público y la misma acusación, solicitando al tribunal provincial la reapertura íntegra del caso.

Versión única

De ahí que el abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) Jorge Piedrafita, haya insistido a la Audiencia Provincial, a través de un nuevo escrito interpuesto este miércoles, en la importancia de iniciar una nueva investigación de los hechos. El letrado considera acreditado, en las actuaciones previas, que los docentes «se extralimitaron en sus funciones».

Motivo por el que las respectivas conductas de los 9 profesores, que se ampararon en la «libertad de cátedra» para defenderse de las acusaciones de adoctrinamiento a sus alumnos, en contra de la Guardia Civil, «no pueden quedar impunes».

«En primer lugar, porque la libertad de expresión no es un valor absoluto; en segundo porque los contenidos planteados en el debate escolar por los docentes fueron unilaterales y no contaban con autorización previa de la dirección del centro, ni de los padres de los menores; y, tercero y último, porque una de las propias denunciadas reconoce que se prestó una versión sesgada de los hechos», declara Piedrafita a OKDIARIO.

Una de las alumnas de 1º de Bachillerato -hija de uno de los agentes destinados en el cuartel de San Andrés de la Barca, narró cómo el día después del 1-O- su profesora explicó que «no podía darles clase porque los guardias civiles que actuaron», en cumplimiento de un mandato judicial, lo hicieron como «salvajes».

Se ofreció un «punto de vista» propio y único a los alumnos, «omitiendo el esencial respeto a los valores de la Constitución y a las sentencias de los tribunales», sostiene el abogado de AEGC, «merecedor de un reproche jurídico severo» dado que existió una «evidente incitación al odio de los escolares, menores de edad, a los alumnos hijos de guardias civiles previo menoscabo de la figura y profesión de sus padres», añade.