La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión contra el mayor de los Mossos d’Esquadra, José Lluís Trapero, en el juicio que arranca este lunes en la Audiencia Nacional. Los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira han manifestado que «la Fiscalía es consciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo», un fallo donde el tribunal presidido por el juez Manuel Marchena dio por bueno el testimonio prestado por el mayor de los Mossos. Apoyados en la tesis de los magistrados, los dos representantes del Ministerio Público sostienen que -al igual que los líderes separatistas catalanes condenados- Trapero «disimuló», aparentando cumplir las resoluciones judiciales cuando en realidad diseñó un operativo policial destinado a permitir las votaciones del referéndum ilegal del 1-O.
Además, el fiscal Pedro Rubira ha explicado que «no se ha vulnerado el principio acusatorio, en relación a que el Ministerio Fiscal no sigue el auto de procesamiento». Éste fue dictado por la juez Carmen Lamela –que entonces se encontraba en el JCI número 3 de la Audiencia Nacional– y procesó a los acusados por delito de sedición y organización criminal. Del mismo modo, el Ministerio Fiscal aclara que no es el momento procesal oportuno para cambiar la acusación y no se pronunciaran al respecto hasta que finalice el juicio oral –en el escrito de conclusiones definitivas–.
Trapero ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) para ser juzgado por el referéndum independentista. Concretamente, por la actuación de los Mossos durante el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y durante la jornada de la votación independentista el 1 de octubre.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 11 años de cárcel para José Luis Trapero por un delito de rebelión. En esta causa también serán juzgados el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig y el ex director de los Mossos Pere Soler para quienes el Ministerio Público solicita la mismas condena que para el mayor de los Mossos. Sin embargo, para la intendente Teresa Laplana se enfrenta a una condena por sedición por la que se solicitan 4 años de cárcel, según la acusación realizada por los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubiera en el escrito presentado el 2 de noviembre de 2018. Laplana se ausentará durante parte de la celebración del juicio por motivos de salud.
Competencia
Durante las cuestiones previas, los abogados de los acusados han manifestado que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para juzgarles. El fiscal Pedro Rubira a respondido que «los procedimientos de está índole siempre atacan la competencia de la Audiencia Nacional».
Unos meses antes de comenzar el juicio en la Audiencia Nacional, el mayor de los Mossos intentó derivar la causa a Cataluña para ser juzgado allí tal y como adelantó OKDIARIO.
Para ello, la letrada de Trapero, Olga Tubau utilizó la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el juicio del ‘procés’ que condenó a los independentistas catalanes por un delito de sedición. El escrito argumentaba que en el caso de que el mayor de los Mossos sea juzgado por un delito de sedición, la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar al ex jefe de la policía autonómica porque durante los sucesos del 20 y 21 de septiembre y del 1 de octubre de 2017 no perseguía «atentar contra la forma de Gobierno» y «subvertir el orden constitucional».
