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Tribunales

El juez cree que Tsunami sopesó actuar «al paso de la comitiva del Rey» en una visita a Barcelona

Ordena a la Guardia Civil que se investigue si un mosso facilitó información a Tsunami

El juez Manuel García Castellón no descarta que la plataforma Tsunami, a la que investiga por delitos de terrorismo por sus protestas tras la sentencia del procés, pudiera «tener en mente» alguna actuación contra el Rey Felipe VI en una visita a Barcelona en 2020 para la entrega de los premios Princesa de Girona.

Así lo deduce el magistrado de la Audiencia Nacional de una serie de conversaciones que mantuvo uno de los investigados, el empresario Josep Campmajó, a través de la aplicación Wire con una persona con el nombre de usuario Xuxu Rondinaire, que en catalán significa perro gruñón, del que se sospecha que podría ser un miembro de los Mossos d’Esquadra.

En el informe en el que la Guardia Civil analiza estos mensajes, infiere la intencionalidad de los miembros de Tsunami de realizar una actuación de protesta contra el rey de expresiones como «Guardia R» que, «con toda probabilidad, haga referencia a la Guardia Real», indica el juez en un auto en el que acuerda una serie de diligencias para proseguir con la investigación.

Según este informe, «las ideas expuestas por Xuxu Rondinaire» se corresponderían a «la exposición detallada del despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del monarca, desde el uso de vías rápidas desde el aeropuerto hasta el recinto donde se celebra el acto, incluyendo la composición de la comitiva móvil con la disposición de los vehículos de Casa Real, Mossos, ambulancias etc.», entre otros extremos expuestos por el juez.

«Intención de actuar en julio de 2020»

Todos estos detalles hacen pensar al magistrado que esa información «podría pertenecer a algún cuerpo policial, existiendo sospechas que podría ser del cuerpo de los Mossos d’Esquadra». «La lectura de las actuaciones permite inferir que se hace referencia a la visita que el Rey Felipe VI realiza anualmente a la ciudad de Barcelona con motivo de la entrega de los premios Princesa de Girona», añade García Castellón.

«Esta conversación permite deducir no sólo que Tsunami mantenía su intención de actuar en el mes de julio de 2020, sino algo todavía más grave: que entre sus objetivos podría estar actuar al paso de la comitiva del Rey», señala el juez García Castellón.

«Explícame qué queréis hacer y os diré si vale la pena o es perder el tiempo como en el Camp Nou», rezaba otro de los mensajes que podía leerse en las conversaciones entre ambos interlocutores. El usuario hace referencia a una acción que llevaron a cabo durante un partido entre el Madrid y el Barcelona el 18 de diciembre de 2019, que tuvo lugar en la Ciudad Condal, en el que trataron de hacerse notar, pero «cuyo resultado no estuvo a la altura de lo que se esperaba por la organización».

Además, el juez solicita en la misma resolución que se entregue información sobre lo que sucedió con el turista francés fallecido durante los altercados que bloquearan el aeropuerto de El Prat.

El magistrado pide al Centro de Coordinación de Operaciones del Aeropuerto de Barcelona que le entregue información sobre «quién les contactó por parte del Servicio de Emergencias Médicas para el desplazamiento del helicóptero, por qué motivo se desplazó este helicóptero, y en qué circunstancias se desplaza un helicóptero desde el hospital de Bellvitge al Aeropuerto de El Prat, si es que ha ocurrido alguna otra vez».

Caso Tsunami

El magistrado encargado de la causa apuntó en otra resolución que dos agentes de la Policía Nacional fueron víctima de «lesiones muy graves» que se consideran «incompatibles» con el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos durante los disturbios del día 18 de octubre de 2019 en Barcelona, con motivo de la publicación de la sentencia respecto a los políticos responsables del procés.

Los ataques que afectaron a los derechos recogidos en ese artículo son los que se quedarían fuera de la protección de la Ley de Amnistía. Es decir, los responsables de esas acciones no verían eliminados sus delitos si afectaban a derechos humanos fundamentales, tal y como ha pactado PSOE y Junts.

La enmienda transaccional acordada entre ambas formaciones ampliaba la aplicación de la amnistía a los casos de terrorismo, pero exceptuaba las violaciones graves de derechos humanos en caso de que se produzcan «de forma manifiesta y con intención directa». La modificación legislativa buscaba blindar a los responsables de Tsunami y de los CDR, así como a Marta Rovira, de ERC, y Carles Puigdemont, de Junts, investigados por terrorismo.