La juez rechaza archivar el ‘caso Plus Ultra’ como solicitaban la Fiscalía y la Abogacía del Estado

• Juanan Jiménez
• Especializado en información nacional e internacional, breaking news, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología.
• • 11/11/2021 20:01
  • Actualizado: 11/11/2021 20:01

La juez ha desestimado las peticiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de archivar el caso Plus Ultra. Es más, una providencia de la magistrada Esperanza Collazos fija un careo entre los peritos independientes y los contratados por la SEPI el próximo 18 de enero.

Este miércoles la Fiscalía solicitaba a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid el sobreseimiento provisional y el consiguiente archivo del caso Plus Ultra. El Ministerio Fiscal adoptó esta decisión tras evaluar el último informe pericial aportado a la causa por un equipo de peritos a petición del magistrado instructor. El informe pericial remitido al juez recoge en sus conclusiones “dudas más que razonables” de que la aerolínea cumpliera con todas las condiciones para ser rescatada por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Veinticuatro horas después, la juez quiere cerciorarse de que los informes periciales son concluyentes antes de cerrar la causa por el rescate a la aerolínea con vínculos con el chavismo.

En concreto, la juez Collazos ha citado a un careo a los peritos de Deloitte y DC Advisory, éstos últimos contratados por la SEPI, que rebatieron el informe de los peritos independientes que aseguraban que el rescate había sido ilegal. El despacho Martín Molina determinó que la empresa ya estaba en crisis en 2019, por lo que incumpliría la condición más importante del reglamento aprobado por el propio Ejecutivo en julio de 2020 para dar luz verde a las ayudas públicas a través de la SEPI.

De acuerdo con ese reglamento, los rescates de la SEPI quedaban limitados a empresas con problemas financieros como consecuencia del coronavirus, excluyendo a las compañías que ya «estuvieran en crisis» antes del 1 de enero de 2020. Según el peritaje de 499 páginas, que se incorporó al sumario del caso el pasado octubre  y al que tuvo acceso este diario, Plus Ultra ya estaba en crisis en 2019 por lo que existen «dudas más que razonables sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública».

El despacho Martín Molina ha actuado como perito independiente por orden de la juez Esperanza Collazos, que investiga si el Ejecutivo cometió alguna irregularidad en la concesión de esta ayuda tras una denuncia del PP y Vox por malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Plus Ultra se había opuesto a que se realizara este peritaje al considerarlo innecesario.

La orden de la juez al perito era analizar si Plus Ultra cumplía con las condiciones impuestas por el Gobierno en el reglamento aprobado en julio de 2020: ser española, estar al corriente de pago con Hacienda, no ser una pyme, no haber solicitado el concurso de acreedores, ser compañía estratégica… De acuerdo con el informe, el perito concluye que el rescate «cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en situación de crisis a fecha de 31 de diciembre de 2019».

Según el despacho Martín Molina, el rescate no sólo incumpliría esa fundamental condición, sino que el perito desvela una estrategia contable para, en su opinión, «seguir aparentando una situación irreal de solvencia» en 2019, año previo al coronavirus y límite marcado por el Gobierno para conceder las ayudas.