La juez que rechazó investigar a Simón pide 12.000 € a las víctimas para seguir pleiteando

Una fianza de 12.000 euros. Ésa es la cantidad impuesta por la juez Coro Monreal Huerta a la Asociación Española de Damnificados y Víctimas por el COVID-19 (ADAVIC-19) para que puedan continuar como acusación particular en la querella presentada contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

En un auto emitido por la magistrada madrileña, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la titular del juzgado número 34 responde en estos términos al escrito aclaratorio presentado por la abogada y presidenta de la plataforma, Carolina Mata, en el que indicó su voluntad de continuar en calidad de acusación en el procedimiento que, actualmente, se encuentra recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.

«La fianza deberá prestarse en metálico, debidamente consignado, en el plazo de ocho días desde la notificación de la presente resolución, si la querellante quiere ser tenida por parte, sin que proceda entrar en el fondo del escrito de ampliación», reza el documento fechado el pasado 6 de junio.

Los responsables jurídicos y la junta directiva de ADAVIC-19 se encuentran absolutamente sorprendidos por la decisión de la juez y consideran desproporcionado que se les haya pedido el depósito de una cantidad tan elevada cuando se trata de una entidad constituida sin ánimo de lucro. «Es increíble», ha asegurado Mata en declaraciones a OKDIARIO.

«La jurisprudencia es clara. La fianza no puede ser una forma de disuadir a las víctimas que defiendan sus derechos en la vía judicial», ha lamentado la abogada que confía en que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial le permita seguir avanzando en su reclamación judicial contra Fernando Simón y le retire la cantidad impuesta como fianza.

«Negar la epidemia»

La Asociación Española de Damnificados y Víctimas por el Covid-19 (ADAVIC-19) presentó una querella inicial contra Fernando Simón, por varios delitos de homicidio, lesiones, prevaricación administrativa y denegación de auxilio. En un pormenorizado escrito de 22 páginas, que OKDIARIO avanzó en primicia, la presidenta y abogada de ADAVIC-19, Carolina Mata, pedía a los juzgados de instrucción de Madrid que actuasen contra Simón por «negar la propagación de la epidemia, con el propósito político de alcanzar la fecha del 8 de marzo, y poder celebrar en España las manifestaciones de carácter reivindicativo feminista del Gobierno del que depende».

A juicio de Mata y otros cinco letrados -todos ellos miembros fundadores de la plataforma de víctimas que participaron en la elaboración de la querella y los sucesivos escritos- Simón «no instó a que el Gobierno fuera previsor tanto en la acumulación de material sanitario como en la producción y realización de test de detección».

Si el máximo responsable en España de la gestión sanitaria de la pandemia del coronavirus «hubiese actuado diligentemente, habría procedido a recomendar que se adoptasen cuantas medidas sanitarias le exigía el RSI 2005 y las recomendaciones de la OMS», algo que no sucedió, aseguran en  el primer documento registrado en el juzgado.

Días después, y ante las constantes informaciones publicadas en medios de comunicación -incluido el informe de la Guardia Civil que señaló a Simón, en el atestado solicitado por la magistrada que investiga la causa del 8-M contra el delegado del Gobierno en Madrid- los letrados de ADAVIC-19 señalaron en una ampliación de la querella cómo Simón, vertió «informaciones contrapuestas a su conocimiento del virus y sus consecuencias». Unas «penosas maniobras informativas que han resultado mortales y perjudiciales para la salud de cientos de miles de ciudadanos», afirmaron en el escrito complementario al que ahora, la juez, somete al depósito de una fianza para seguir pleiteando, si la Audiencia Provincial reconsidera su decisión.

La Audiencia Provincial decide

A juicio de los damnificados y afectados, su señoría -al igual que un par de días antes hizo el titular del juzgado de instrucción número 11 de la capital, archivando una causa similar- habría entrado a «prejuzgar» el fondo del asunto al rechazar la existencia de una «conexión directa» entre los hechos denunciados y sus gravísimas consecuencias en la salud de sus familiares.

Por este motivo, las abogadas Verónica Suárez -que representa a los familiares de una mujer que falleció por coronavirus- y Carolina Mata -en nombre de ADCAVID-19- registraron sendos recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid para que se «abra una investigación y se depuren responsabilidades». «Ni es una causa general ni es el momento de acreditar ningún nexo causal» entre la actuación de Fernando Simón y las muertes y contagios, aseguró entonces muy crítica Mata.

«Para eso está la investigación judicial. Es necesario encargar pesquisas policiales. Especialmente teniendo en cuenta los nuevos documentos e informaciones que se han ido conociendo, en los últimos días, que no se han tenido en cuenta. Además, la propia juez en su auto reconoce que hay indicios de criminalidad», añadió la letrada.

Con dichos recursos de apelación, ambas abogadas han obligado a la Fiscalía a pronunciarse sobre la necesidad de imputar a Simón por sus decisiones técnicas, y las declaraciones derivadas de las mismas, durante la pandemia del COVID-19.  El pronunciamiento del Ministerio Público está pendiente.

Mientras tanto, las víctimas ya han avanzado que, además, y en previsión de que el órgano judicial provincial pueda darles la razón, pedirán amparo al mismo para que se les retire la cantidad de 12.000 euros impuesta como fianza por la primera juez.