Un juez investiga la ‘caja B’ de Podemos denunciada por el abogado purgado por Irene Montero

Un nuevo frente para Pablo Iglesias en el ámbito judicial. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha abierto diligencias de investigación contra Podemos -por dos presuntos delitos de malversación de fondos públicos y administración desleal- a partir de una denuncia presentada por José Manuel Calvente, el abogado purgado por la formación morada tras destaparse el ‘Escoltagate’ publicado en exclusiva por ODKIARIO.

Según avanzaba este miércoles El Confidencial, el magistrado ha iniciado las pesquisas necesarias para determinar si existe una ‘caja B’ en Podemos, quien tendrá que comparecer en calidad de testigo ante el juez el próximo día 29 de julio para ratificarse en su denuncia y declarar todo aquello que conozca sobre la causa en curso.

Además, según ha podido conocer este diario, el juez también ha llamado -el 15 de septiembre- a Mónica Carmona, la otra letrada que fue despedida junto con Calvente, y a quien fuera la responsable orgánica del equipo legal de Podemos Gloria Elizo.

«Quedará en nada» 

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado tras conocerse la noticia que su formación ofrecerá la «máxima colaboración» a la Justicia. «Quien nos acuse de un delito, deberá ir a los tribunales», ha apostillado. Sin embargo, asegura que la denuncia «quedará en nada».

«A nosotros nos llevan investigando desde que nacimos, es un elemento de salud democrática. Que se siga investigando, y que la investigación llegue hasta el final» ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial.

Sobresueldos

El abogado represaliado por Podemos tras investigar las irregularidades financieras y laborales del escándalo de la escolta personal de Irene Montero, destapado por OKDIARIO, desveló el pago de sobresueldos a la cúpula del partido con hasta 300 € en negro.

José Manuel Calvente, responsable jurídico de la formación liderada por Iglesias y Montero, advirtió a la dirección del partido de las anomalías detectadas en la asignación de extras mensuales de unos 900 €, de los cuales una tercera parte eran percibidos, por varios de los miembros de la dirección de Podemos, sin declarar.

La estrategia pasaría por abonar salarios en los que se incluían complementos irregulares que, sumados a gastos de desplazamiento y dietas -conceptos que no cotizan ni tributan a Hacienda- supondrían un Salario Mínimo Interprofesional extra al mes para los beneficiarios. Entre ellos, Calvente señaló al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y su gerente, Rocío Val. De Frutos, responsable financiero de Podemos, que estuvo en la firma de la compra del casoplón de Iglesias y Montero en Galapagar, utilizaría las liquidaciones de gastos para camuflar los sobresueldos.

A raíz de las investigaciones que inició, el abogado despedido por Podemos declaró a este diario que le «saltaron todas las alarmas sobre los ingresos de algunos de los responsables del partido a los que se estaría premiando su lealtad con la Ejecutiva, para silenciar otras irregularidades internas».

Tal es así que, incluso tras el desplome electoral de Podemos en las generales del pasado 28-A -lo que justificó el despido de trabajadores en plantilla de la formación, bajo el pretexto de una reducción sustancial de los ingresos- el propio tesorero se habría subido el sueldo, supuestamente, 600 €.

Dicha mejora, sostiene Calvente, se habría producido a través del abono camuflado de gastos sin tributar, en concepto de dietas de transporte, o vía pago de complementos injustificados en la nómina, hasta situar la misma por encima de la tabla de retribuciones máxima fijada, en aras de la transparencia, para los empleados del partido. Esto es, la nueva cúpula de Podemos, afín a Pablo Iglesias e Irene Montero se estaría beneficiando de sueldos que superan el tope de los tres salarios mínimos permitidos por el Código Ético de la formación morada.

Sin actualizar el portal de transparencia

Pese a que Podemos siempre ha presumido de transparencia y la ha presentado como una de las virtudes que le diferencian de los otros partidos, su portal de transparencia lleva sin actualizarse desde el 30 de junio de 2017. Su página web ya no publica en qué gasta su dinero y de dónde provienen sus ingresos. Hasta esa fecha, la formación morada aportaba detalles sobre su contabilidad. De hecho, incluso permitía la posibilidad de descargar facturas con las que Podemos justificaba sus gastos -desglosados por Comunidades Autónomas- en inversiones como actos de partido, alquileres o consumo de luz.

Ni rastro, tampoco, de las subvenciones públicas que percibe en proporción a su número de representantes públicos -dato que puede consultarse por otras vías oficiales- ni de las donaciones privadas que ingresa por las colaboraciones periódicas de los militantes, campañas de crowfunding, microcréditos y los beneficios de su tienda.

Las investigaciones internas iniciadas en Podemos por Calvente, junto con la responsable de cumplimiento normativo Mónica Carmona, apuntan a una presunta orden de la Ejecutiva del partido a su tesorero, Daniel de Frutos, en 2018, para bloquear dicho portal de transparencia y ocultar las verdaderas retribuciones percibidas por los integrantes de la cúpula. Información que ahora ha sido utilizada por la Guardia Civil para confeccionar el informe entregado al juez y que ha motivado la apertura de la investigación.

Los sobresueldos que Calvente aseguró tener documentados, y que fueron puestos a disposición de la Justicia, se trataban de reducciones de las cantidades donadas a Podemos que incrementaban, de inmediato, los sueldos de los cargos electos que no descontaban importes a favor de la caja solidaria de la formación; y, en otros, gastos sin justificar.

A raíz de las publicaciones de OKDIARIO el partido liderado por Iglesias y Montero se vio obligado a a reforzar su núcleo de confianza. Motivo que les habría llevado a incorporar como nueva gerente, a comienzos de 2019, a Rocío Val, miembro de la cooperativa Kinema, propiedad de Rafael Mayoral.

Calvente también denunció que mientras Podemos despedía a buena parte de sus trabajadores, alegando causas económicas, la gerente y el tesorero estarían cobrando sobresueldos -que incluyeron pagos de hasta 300 € en negro- mientras las funciones de los despedidos eran asumidas por el personal del Congreso, pagado por todos los españoles.