La juez imputa al ex delegado del Gobierno en Ceuta por la invasión y tendrá que declarar en plena campaña electoral

• Nacho Atanes @nacho_atanes
• Redactor de Nacional en OKDiario. Antes, en deportes y SEO. ignacio.atanes@okdiario.com
• • 12/11/2026 16:11
  • Actualizado: 12/11/2026 16:11

María Tardón, juez de la Audiencia Nacional encargada de la causa de la invasión de inmigrantes ilegales a Ceuta, ha citado como investigado a Miguel Ángel Pérez Triano, ex delegado del Gobierno en la ciudad autónoma. La magistrada ha acordado que Pérez Triano declare como imputado el próximo 18 de noviembre, convirtiéndose así en el primer investigado en la causa en la que Tardón indaga en un presunto delito contra la paz y la independencia del Estado.

El ya ex delegado del Gobierno en Ceuta dimitió el pasado mes de septiembre, si bien recalcó en su comparecencia posterior que ya había tomado la decisión hace algún tiempo y que la había comunicado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mando único para la crisis de Ceuta. Pérez Triano anunció que dejaba la política debido a que su familia «no se merece esta presión».

Además, señaló que, «semanas antes» de la invasión de Ceuta, ya había avisado al Gobierno de Pedro Sánchez de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera.

En el auto, Tardón también acepta la competencia de las diligencias tras la inhibición del tribunal de instancia de Ceuta y requiere a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe que incluya las «anomalías» detectadas en las comunicaciones operativas coincidentes entre el 28 de julio y el 5 de agosto que sean «compatibles» con «actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles».

La juez también reclama al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta que remita grabaciones de las llamadas recibidas entre las 00.01 horas del 30 de julio y las 23:59 del 31 de julio. Tardón, asimismo, solicita estos dos informes antes de decidir sobre una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía en relación con las anomalías en las comunicaciones operativas coincidentes sobre los hechos investigados.

Para la magistrada, la eficacia de cualquier dispositivo de seguridad depende, esencialmente, de la normalidad de sus sistemas de comunicación, por lo que «si se hubiera producido una degradación grave y prolongada» de los mismos, «resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes» o si hubo una actuación deliberada.

Tardón alega que la trascendencia de los hechos implica la necesidad de acordar estas diligencias de investigación, dirigidas «a esclarecer una circunstancia que, por su eventual relevancia para la comprensión global de los hechos objeto de la causa, no puede quedar sin verificación».

Sin embargo, la jueza indica que, hasta ahora, no hay elementos objetivos que permitan afirmar que existieron elementos compatibles con actuaciones deliberadas de interferencia tecnológica, como ciberataques, guerra electrónica o sabotaje digital que intervinieran en los hechos.