La juez archiva provisionalmente la causa contra el delegado del Gobierno por el ‘infectódromo’ del 8-M

Se acabó la causa judicial del 8-M, la manifestación feminista que inundó de gente el centro de Madrid en plena expansión del coronavirus. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado este viernes el archivo provisional del caso al considerar que no hay indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

En un escrito de 51 folios, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la magistrada expone que «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, pidió por escrito al delegado del Gobierno entre el 5 y el 14 de marzo que prohibiera o impusiera condiciones o precauciones por razón de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 a la celebración de las manifestaciones y concentraciones».

La juez afirma que Franco «se ha limitado a tomar conocimiento de la concentración» y a exigir «las condiciones en las que las mismas deben tener lugar». Por ello, considera que el delegado socialista ha modulado las resoluciones sobre el derecho de reunión con «precaución».

Imprudencia

Recuerda que durante los días del 5 a al 14 de marzo la Delegación del Gobierno no se opuso a la celebración de 157 concentraciones en la Comunidad de Madrid.  Y la magistrada apunta a la imprudencia de Franco por seguir permitiendo manifestaciones «incluso tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de la suspensión de toda actividad educativa presencial el día 9 de marzo (lunes) e incluso tras su entrada en vigor (11 de marzo, miércoles, día de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud) (…) sin exigir que se adoptara medida de precaución alguna». «Así lo hizo al menos en 16 ocasiones en los días 10 y el 11 de marzo 2020», concluye la juez.

«Es cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad» , afirma la juez Medel 

El delegado también fue advertido del riesgo por otros funcionarios. El secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, y mano derecha del delegado socialista, confesó a la juez del 8-M que informó personalmente a José Manuel Franco de la comunicación remitida el 2 de marzo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el que se aconsejaba a los trabajadores del organismo mantener la distancia de seguridad para evitar contagios.

Asimismo, el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, farmacéutico titular del Estado que elaboró el informe que aconsejaba a los trabajadores del organismo mantener la distancia de seguridad para evitar contagios, declaró a la juez que «yo no hubiera autorizado la manifestación feminista».

La juez afirma que el «delegado del Gobierno ya había tomado conocimiento para la celebración de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo, a pesar de que con dichas decisiones se incrementara el riesgo para la salud pública». Recuerda los dos informes forense incorporados a la causa y manifiesta que «la celebración de manifestaciones y concentraciones de marzo de 2020 incrementaron el peligro de contagio y por ello fueron un riesgo cierto y seguro para la salud».

Sin embargo, la juez concluye que durante los días objeto de la investigación los expedientes de la Delegación del Gobierno siguieron «un proceso muy automatizado» orientado en la defensa de «un derecho fundamente como la manifestación», «no consta que existiera una alerta clara y técnica sobre el citado riesgo» y reprocha que no «existiera una especial diligencia a la hora de informarse técnicamente sobre los riesgos para la salud pública derivados del COVID-19 como consecuencia de la proximidad física inherente a las concentraciones y manifestaciones multitudinarias».

Archivo provisional 

La magistrada ha archivado sólo de manera provisional la causa del 8-M después de que la Fiscalía solicitase este jueves, por segunda vez, dar carpetazo a las actuaciones. Sin embargo, rechaza  la petición de la Abogacía del Estado de que el sobreseimiento dictado sea definitivo.

Las partes pueden recurrir ante el Juzgado de Instrucción 51 y ante la Audiencia Provincial. Además, al tratarse de un archivo provisional podrían reactivarse las diligencias si la magistrada recibiera nueva información de interés para la causa que demostraran el delito por el que ha sido imputado Franco.