España

El jefe de Asuntos Internos de los Mossos que tapó el golpe de Trapero expedienta a constitucionalistas

El jefe de Asuntos Internos de los Mossos que tapó y no denunció la actuación del mayor Trapero en favor del golpe del 1-O sigue con el 155 y es el responsable de buena parte de expedientes a mossos constitucionalistas. Se trata del intendente Jaume García Valls, jefe de la División de Asuntos Internos de los Mossos. Teóricamente, el responsable de denunciar los comportamientos ilegales de los agentes.

Todo un jefe de Asuntos Internos que, sin embargo, no se enteró de que su jefe directo, Trapero -procesado por sedición y organización criminal- preparaba un golpe a la vista de todo el mundo -tal y como ha señalado la juez Lamela-, que para ello daba órdenes a diestro y siniestro reorganizando unidades enteras de los Mossos, que hizo que los Mossos espiasen a los policías nacionales y guardias civiles en pleno 1-O, que mantenía reuniones políticas con los partidos golpistas, y que obstaculizó abiertamente las exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

García Valls no vio nada de todo ello pese a que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, acaba de procesar al ex mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, por organización criminal y dos delitos de sedición.

Tampoco vio que, junto con Trapero, se encontraba en “organización criminal” el exdirector de los Mossos, Pere Soler. Ni que la intendente Teresa Laplana -procesada por delito de sedición- hacía cosas cuando menos extrañas aquellos 20 y 21 de septiembre en los que, lejos de ayudar a los agentes nacionales, decidió delatar los movimientos de los guardias civiles que se defendían en los tres coches destrozados por los radicales.

García Valls no veía desde dentro lo que sí ha visto la juez Lamela desde fuera: que, en el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada, existía un reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, para llevar a cabo la secesión. Y que, en ese plan, los mossos eran llevados “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig. Y materializada por Trapero. Todo ello, “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el President de la Generalitat de Cataluña”.

Esos detalles se le pasaron por alto al intendente de la División de Asuntos Internos. Pero sí está viendo todo lo que, a su juicio, es expedientable de los mossos leales a la Constitución.

Y es que los mossos constitucionalistas han denunciado ya que la DAI, la División de Asuntos Internos de los Mossos, pese al control de la policía autonómica por parte del Gobierno de España, está usando su poder para realizar cribas ideológicas entre las que se encuentran, por ejemplo, la apertura de expedientes -como el extracto que hoy muestra OKDIARIO con la firma de García Valls- y las órdenes de desplazamiento a zonas alejadas del domicilio de aquellos que se significan como contrarios al separatismo.

Junto con esa información, los constitucionalistas igualmente han denunciado la existencia de colectivos totalmente separatistas que hacen alarde de su desacato a la Constitución y que, sin embargo, campan a sus anchas sin el más mínimo problema. Y lo hacen ante los ojos de García Valls.

Entre otras cosas, se ha denunciado la existencia de una sectorial de la Asamblea Nacional Catalana que agrupa a mossos y que, ya en el pasado más reciente, afirmó que se mantendrían “leales al Parlament y al Govern” y no al 155 o la Carta Magna española.

Han denunciado, por supuesto, casos de apertura de expedientes a un mosso por una “falta grave de respeto”, por ejemplo, por oponerse a utilizar siempre el formulario en catalán para los atestados, como le ordenó su sargento. Han denunciado igualmente infinidad de insultos a las autoridades lanzados en las redes sociales por parte de mossos separatistas que quedan sin el más mínimo castigo.

Han denunciado igualmente insultos a la Corona -llamaron “dictador” al Rey de España en redes sociales, o “fascista” a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría-. Y han denunciado la lentitud o inacción de la DAI con mossos separatistas que han lanzado sus ataques estos últimos días contra el juez Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que instruye la principal causa contra el golpe de Estado de Carles Puigdemont y su cúpula.