Iglesias no se sabe la Constitución: es mentira que obligue a revalorizar las pensiones con el IPC

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, es el aspirante que más ha faltado a la verdad en el debate electoral de las elecciones generales del 10 de noviembre. Así, en el segundo bloque del debate celebrado este lunes, Iglesias ha llegado a decir que la Constitución obliga a revalorizar las pensiones con el IPC, algo totalmente falso.

En concreto, el dirigente morado ha manifestado: «Nosotros proponemos hacer los recortes por arriba y para ello hay un instrumento que que se supone que nos une. En esta campaña se ha hablado mucho de la Constitución española, pero no se dice que en la Constitución hay unos artículos diseñados específicamente para proteger a la gente una de una crisis. El artículo 31 dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo (…) el artículo 35 dice que los salarios tienen que ser suficientes; el 47 que la vivienda es un derecho (…) y artículo 50, las pensiones, la Constitución dice que se tienen que actualizar conforme al índice de precios al consumo», esto es, el IPC.

Sin embargo, el artículo 50 de la Carta Magna establece que «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio», añade el citado precepto. En ningún momento este artículo indica que dicha actualización tenga que ser conforme al IPC.

El Gobierno de Mariano Rajoy fijó un sistema de actualización ligado al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), una fórmula legal que establece una revalorización del 0,25% mientras la Seguridad Social permanezca en déficit.

El propio jefe del Ejecutivo socialista, Pedro Sánchez, se ha comprometido a subir las pensiones conforme al IPC sólo un mes después de las elecciones del 10 de noviembre. Es decir hay posibilidad de que lo haga vía real decreto y estando todavía en funciones.