Hacienda confirma que Oleguer Pujol usó fondos del clan para comprar 1.152 oficinas del Santander por 2.177 millones

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha confirmado que Oleguer Pujol financió sus operaciones inmobiliarias con el dinero «común» que toda la familia del ex president de la Generalitat tenía depositado en Andorra.

Entre estas inversiones se encuentra la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.177 millones de euros. Una operación por la que Oleguer Pujol y dos hijos del empresario Javier de la Rosa (Gabriela y Javier jr.) se habrían repartido 11,5 millones de euros en comisiones.

Tras constatar estos hechos, avanzados el pasado mes de enero por OKDIARIO, el juez Pedraz ha decidido inhibirse a favor del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga el origen irregular del patrimonio de toda la familia Pujol.

Pedraz ha decidido inhibirse en base a un informe de la Agencia Tributaria que apunta a que las inversiones del hijo menor de Pujol se llevaron a cabo con dinero procedente de las cuentas familiares, algunas nutridas con transferencias procedentes de Andorra.

Los hijos de Javier de la Rosa

De esa forma, el magistrado traslada también a De la Mata la decisión de imputar a Gabriela y Javier de la Rosa, hijos del empresario Javier de la Rosa, que la Fiscalía sospecha recibieron junto a Oleguer Pujol 11,5 millones de euros de comisiones por interceder en la operación de compraventa de oficinas del Banco Santander.

En el auto, Pedraz traslada a su compañero la investigación contra el pequeño de los Pujol, pero la archiva respecto al resto de imputados, incluida María Zaplana, hija del exministro Eduardo Zaplana; la mujer de Oleguer Pujol, Sonia Soms, y una serie de empresas, entre ellas Drago Capital, de la que fue socio el hijo menor del expresidente catalán.

En cuanto al socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias, el juez acuerda remitir parte de la causa a los juzgados de instrucción de Madrid para que le investiguen por un delito de fraude fiscal, tras descartar su relación con el delito de blanqueo de capitales que imputa al menor de los hijos de Jordi Pujol.

El juez Santiago Pedraz ha acordado remitir el caso a su compañero De la Mata, tal y como le solicitaba la Fiscalía, ante las sospechas de que el dinero que invirtió Oleguer Pujol en las operaciones inmobiliarias investigadas «provendría de un lugar común a sus hermanos».

La fortuna de los Pujol en Andorra

El auto sostiene que Oleguer Pujol utilizó para financiar sus aportaciones al fondo Drago Real -empresa con la que el hijo del expresidente catalán realizó las operaciones inmobiliarias investigadas- y otras inversiones en Panamá el dinero procedente de una cuenta en Andbank, que entre los años 1992 hasta 2000 se nutrió de transferencias hasta alcanzar la suma de 116 millones de las antiguas pesetas.

Dicha cuenta, añade el auto, se cerró en diciembre de 2010 con una disposición en efectivo de 100.000 euros, otra de 73.000 libras y una transferencia de más de 800.000 dólares a una cuenta de otro banco de Andorra.

El magistrado sostiene que «al menos diez transferencias» recibidas por Oleguer Pujol entre noviembre de 1992 y octubre de 1999 procedían de cuentas de las que era titular Jordi Pujol Ferrusola.

A esos indicios se suman, según Santiago Pedraz, un documento intervenido en el domicilio de Oleguer Pujol -registrado por la Policía Nacional en octubre de 2014- que, en su opinión, acreditaría que el dinero invertido en las operaciones sospechosas procedía de las cuentas familiares.

Oriol Pujol, a juicio por las ITV

Por su parte, Oleguer Pujol ha mantenido siempre que el dinero que movió en las operaciones inmobiliarias millonarias que investiga la Audiencia Nacional no le pertenecen, ni a él ni a su familia, sino que son fondos de inversores internacionales que gestiona.

Mientras tanto, Oriol Pujol, el único miembro de la familia que se dedicó a la política, está a la espera de juicio por cobrar presuntamente comisiones a cambio de utilizar su influencia para favorecer los negocios de empresarios afines del sector de las ITV.