La Guardia Civil denuncia a los taxistas que han cortado el tráfico en Madrid

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, las protestas de los taxistas han provocado retenciones y han afectado al tráfico en varias carreteras de Madrid, en especial en los accesos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a IFEMA, como la M-14, la M-40 y la M-11.

La misma fuente ha indicado que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico han procedido a la identificación de los taxistas que estaban cometiendo infracciones de tráfico, que han sido denunciados por conducción temeraria y por obstaculizar el normal desarrollo de la circulación en estas carreteras.

Fuentes de la Guardia Civil han precisado que, de momento, se ha denunciado a una veintena de conductores, si bien ese número puede ir en aumento.

Esas denuncias pueden conllevar una sanción económica (de 600 a 1.000 euros) y la pérdida de puntos del carné de conducir, ha recordado la Guardia Civil.

En una de esas protestas, uno de los manifestantes ha resultado herido de carácter muy grave en la A-2 tras abalanzarse sobre un coche VTC, cuyo conductor ha acelerado en ese momento y lo ha arrollado.

Negociación en Madrid

Miguel Ángel Leal, Presidente de la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid y de la Federación Española del Taxi, ha explicado a OKDIARIO, justo al acabar la reunión entre taxistas y autoridades de la Comunidad de Madrid, que Carmena “está dispuesta a regular la precontratación siempre y cuando venga sostenido por un soporte legal de la Comunidad de Madrid”. Sin la Comunidad de Madrid, explica Leal, “esto no tiene ningún recorrido”.

“Estamos dispuestos a levantar la huelga siempre y cuando haya un compromiso. Ya tenemos el del Ayuntamiento, sólo falta el de la Comunidad de Madrid, y Carmena nos ha prometido que esta misma tarde se pondrá en contacto con Garrido para tratar de desbloquear la situación”, explica Leal a este periódico.

El Gobierno de Manuela Carmena considera que es responsabilidad de la Comunidad de Madrid fijar el tiempo de precontratación mínimo de las VTC, pero está dispuesto a asumir esa competencia si el Gobierno regional le concede mediante una reforma normativa “base legal” y seguridad jurídica.