El Govern a lomos del referéndum unilateral en un San Jorge sin heroicidades
Los dos únicos Mossos que han declarado este martes, contradicen la versión prestada por sus equivalentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre lo ocurrido el 20S con la comisión judicial, en la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat.
Recién estrenada la undécima semana de estancia en el Supremo y resucitados, tras la Semana Santa, los testigos políticos para su comparecencia ante el tribunal, el juicio del procés parece haberse convertido en una suerte de bálsamo de Fierabrás contra el tono habitualmente épico del separatismo catalán. Mejunje fantástico donde los haya, la histórica poción mágica capaz de sanar enfermedades incurables habría encontrado su equivalente en la Sala que preside el juez Marchena, surtiendo efectos cuasi milagrosos, sobre algunos de los nombres propios citados, hoy, a declarar. No están las cosas para heroicidades, han debido pensar Pere Aragonés y Jordi Jané. Ni siquiera San Jorge, festividad de esta jornada, cuya leyenda preside triunfal la fachada el Palacio de la Generalitat de Cataluña, les ha sugerido la idoneidad de un ‘martirio’ en sede judicial.
Aragonés, actual vicepresidente del Govern, ha hecho prevalecer su derecho a no declarar. Los siete magistrados han convenido en admitir sus alegaciones al respecto y liberarle de tan pesada carga. Su situación jurídica, en términos estrictos, era un tanto anómala. Materialmente investigado por el juzgado número 13 de Barcelona tras su participación en la preparación del referéndum ilegal del 1-O no ha sido procesado, hasta el momento, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña competente para hacerlo, por su condición de aforado.
Jordi Jané, exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, ha reconocido, por su parte, aunque muy tímidamente, cómo una de las circunstancias que motivaron su salida del Govern presidido por Carles Puigdemont, aquel 14 de julio de 2017, fue la posibilidad de que «en el futuro pudiera no darse un consenso de acuerdo», respecto a la consecución de una «solución pactada al conflicto político» en Cataluña.
Los consejeros de la Generalitat que renunciaron antes del 1-O reconocen, implícitamente, que lo hicieron asustados por las posibles consecuencias legales de una desobediencia política
Aunque escurridizo y eufemístico, en el interrogatorio del abogado de la acusación popular, Juan Cremades, y pese al rotundo «no» a la pregunta directa de si su cese tuvo algo que ver con la celebración del referéndum independentista, Jané no ha podido ocultar, sin faltar a la verdad que se dieron «un cúmulo de circunstancias» que le empujaron a tomar la decisión de desvincularse de todo aquello. La enorme entrega que exigía el cargo, la celebración el 10 de julio de la Junta de Seguridad en Cataluña -un empeño personal que dio por cumplido tras ocho años sin celebrarse- y la dimisión del consejero Jordi Baiget, que «abrió una posibilidad de cambio» en el Ejecutivo, fueron algunas de ellas, pero no la esencial. Jané tuvo el temor real de que pudiera producirse una futura «situación de no acuerdo» con el Estado.
El Govern cabalgaba a lomos de un referéndum unilateral aunque nunca se planteó «ningún tipo de escenario en el que los Mossos se apartaran de la legalidad», Jané es tajante. Al menos, hasta el momento de su dimisión puede prometer, y promete, que siempre se defendió «la vía del acuerdo para encontrar una solución pactada» al encaje de Cataluña en España. A lo que se une que él, personalmente, siempre había sostenido, y lo sigue haciendo, «la necesidad del diálogo» para lograrlo, aunque no oculta que optó por no seguir «ante la eventualidad» de que a futuro no se produjese la salida en dichos términos.
La remodelación del Govern de julio de 2017 no supuso ningún cambio de criterio respecto al papel de los Mossos y «en todo momento» tanto Puigdemont, como el exvicepresidente Oriol Junqueras, como el resto de consejeros «respetaron» que el cuerpo de la policía catalana «está para cumplir la ley y hacerla cumplir». «Se tenía absolutamente claro en el gobierno del que formé parte, nunca nadie la discutió», añade Jané. Nada ni nadie le hizo moverse de aquella «posición inalterable», incluso ante las peticiones de que presentase su dimisión y las amenazas que recibió, por cierta parte de la sociedad, tras algunas polémicas actuaciones de los Mossos, como policía judicial.
Bajo su madato los Mossos siempre estuveron determinados a «cumplir y hacer cumplir la ley» asegura el ex consejero de Interior, Jordi Jané, que precedió a Joaquim Forn en el cargo
«Los Mossos no pueden cumplir una orden contraria a la Constitución o a las leyes, por lo tanto nunca se planteó ningún tipo de escenario en que se apartaran de la legalidad vigente. Ni yo lo hubiera permitido», ha recalcado. Jané enarbola bandera constante de cómo durante su mandato al frente de la Consejería de Interior -en la que fue sucedido por Joaquim Forn acusado hoy por un delito de rebelión- el papel de los agentes autonómicos siempre fue el mismo y él se sintió siempre «respaldado y respetado» por el resto de su equipo.
Jané tira de imaginario político para restar importancia al acto del 9 de junio de 2017 en el que se anunció la fecha y la pregunta del referéndum -celebrado cuando todavía era miembro del Ejecutivo- o la presentación del borrador de la Ley de Referéndum, del 4 de julio: «En ocasiones se hacen presentaciones sin valor jurídico ni publicación oficial alguna en el marco de una búsqueda de futuros acuerdos». Se utilizaron estas herramientas como «una medida de presión» para futuras negociaciones con el Estado central, argumenta.
Y a esta misma tesitura se suman los ex consejeros Jordi Baiget y Merixell Ruiz, que declaran tras él, pese a que ninguno de ellos se vio lo suficientemente fuerte como para formar parte de un Govern que coqueteaba con la soldadesca propia de la desobediencia política al marco legal -y ya por entonces judicial, tras los más de cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que confiesen haber recibido algunos de ellos-.
Con pudor, de manera muy matizada, alejados de heroicidades y estridencias, todos coinciden, sin querer, en que más allá de los motivos de índole personal, tras sus ceses subyacía una manifiesta y evidente incomodidad ante las posibles consecuencias penales de una rebeldía manifiesta.
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