España

El Gobierno empieza a recortar pensiones: les quita años de cotización a los funcionarios de Justicia

Recorta la pensión a más de 2.000 funcionarios de Justicia por medio de un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones

Los negados recortes a los funcionarios han empezado a llegar: el Gobierno acaba de recortar las pensiones a más de 2.000 funcionarios de Justicia y lo ha hecho por medio de un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones. Un cambio que se ha producido gracias al traspaso a la Seguridad Social de la gestión de las prestaciones de los funcionarios inmersos en las denominadas clases pasivas, tal y como avanzó OKDIARIO.

El sindicato CSIF ha exigido ya una reunión urgente a los ministros de Seguridad Social y Justicia para anular la decisión y devolver las prestaciones a la situación debida y pactada en el año 2015. Una situación que se había respetado hasta este momento, y hasta el cambio de órgano gestor de las prestaciones decretado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en plena pandemia.

La clave del golpe a las jubilaciones realizado por la Seguridad Social se basa en que este organismo ha cambiado el criterio y no ha computado, a efectos de cotización, los años de ocupación interina de los puestos de trabajo de la Administración de Justicia. El recorte de las pensiones a funcionarios afecta, de forma generalizada, a todos los cuerpos de la Administración de la Justicia que hayan pasado por esta fase de interinidad: jueces, fiscales, letrados de la Administración, cuerpos generales y especiales. Los cálculos de los propios funcionarios apuntan a que el colectivo de interinos de la Administración de Justicia se puede situar entre las 2.000 y 3.000 personas. De ellos, parte habrá accedido ya a la jubilación. Pero la opacidad oficial en esta materia «hace difícil saber exactamente a cuántos empleados públicos puede afectar», señalan esas mismas fuentes.

La interinidad, además, es una situación totalmente habitual en la Administración.

Recortes a funcionarios

Con todos ellos se ha abierto la puerta de los recortes a los funcionarios: su pensión, a partir de este momento, puede ser rebajada como consecuencia de ese cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones por parte de la Seguridad Social.

Desde CSIF explican que «antes del año 1990 los funcionarios interinos de Justicia carecían de un sistema de cotización para su jubilación. Esta situación irregular fue denunciada y sancionada por los Tribunales de tal manera que en ese año 90, la Administración se vio obligada a regularizar su situación. No obstante, con el paso del tiempo, ese personal, al acercarse su jubilación, ha ido comprobando que esos periodos anteriores al año 1990 no se han computado a efectos de jubilación».

Por este motivo, CSIF exigió al Ministerio «que estableciera un mecanismo de regularización y ese compromiso se recogió en el acuerdo firmado en diciembre de 2015». Desde el sindicato puntualizan que «la situación se resolvió para aquellos que, con posterioridad, aprobaron su oposición y se integraron en el régimen de clases pasivas. Pero distinta suerte están corriendo quienes no lo hicieron y llegan a la edad de jubilación en el régimen general de la Seguridad Social».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, ha empezado ya a recibir quejas de personas que, tras el cambio en la gestión de pensiones de Clases Pasivas de Hacienda a Seguridad Social, se ha percatado de que se le han computado años trabajados a la hora de acceder a la jubilación.

Para CSIF, «este cambio de interpretación es el primer efecto del cambio de gestión del régimen de clases pasivas que, desde el 6 de octubre, ha pasado del Ministerio de Hacienda a depender de la Seguridad Social a nivel competencial». «CSIF ya avisó de las posibles consecuencias de este traspaso y se ha dirigido a los diferentes grupos parlamentarios para blindar el régimen de las pensiones del colectivo de funcionarios en el marco del Pacto de Toledo. Sin embargo, como nos temíamos, han acabado llegando», señalan.

Hasta el 6 de octubre, los funcionarios de justicia titulares que se jubilaban por el régimen de clases pasivas veían reconocido todo su periodo de tiempo trabajado para acceder a la jubilación.

Ahora, con la gestión de las clases pasivas en manos de la Seguridad Social, se ha cambiado el criterio de tal manera que, este colectivo de funcionarios, se ve obligado a retrasar su jubilación en una media de 2 años o de lo contrario verían reducida su pensión en un 20% (aproximadamente unos 350 euros).

Esta nueva interpretación de la Administración, además, vulnera el contenido del acuerdo firmado por los sindicatos de Justicia y el Ministerio en el año 2015, erosiona, en consecuencia, la credibilidad del Gobierno en la negociación colectiva y no atiende al criterio establecido por los tribunales en varias sentencias que reconocen la situación de alta durante estos periodos, destacan desde el sindicato.