España
Pensiones

El Gobierno admite al PNV que la subida de las pensiones se pagará con más déficit

El Gobierno ha trasladado a PNV que «la subida de pensiones irá a déficit y habrá problemas con Bruselas». Miembros del Ejecutivo han mantenido contactos con los nacionalistas ante la evidencia de que el pacto por los Presupuestos de 2018 cerrado entre Presidencia y los vascos, y, en especial, su punto clave –la subida de las pensiones al 1,6 este año y al IPC en 2019–, no podrá ser asumido sin cargar el déficit.

Desde los departamentos técnicos les han confirmado que un impuesto a las tecnológicas, anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, difícilmente podrá paliar las necesidades recaudatorias de esa subida del gasto: más 1.300 millones por encima de lo estimado inicialmente. Y, han añadido, que, por lo tanto, el resto tendrá que ir necesariamente a cargar el déficit, algo que generará roces con la Comisión Europea, entidad que aún debe supervisar los Presupuestos españoles.

De hecho, la Comisión Europea no se cree las previsiones de déficit trasladadas por España. Bruselas cree que España cerrará 2018 con un déficit del 2,6 % del PIB –dos décimas más de lo previsto inicialmente por esta institución–. Y ello, a pesar de que la UE espera que la economía española crezca este año más de lo que dice el Gobierno: un 2,9%, tres décimas más de lo que estimó la última vez.

Bruselas no se cree las previsiones del Gobierno

Para 2019, Bruselas tampoco cree los datos españoles: sus previsiones pronostican que el crecimiento de España el próximo año quedará en el 2,4 % (tres décimas más que en su última previsión), pero que el déficit se situará en el 1,9 % (dos décimas por encima de su última estimación).

El Gobierno español, por el contrario cree que el PIB aumentará un 2,7 % en 2018 y un 2,4 % en 2019. Y que el déficit será del 2,2 % y el 1,3 % del PIB, respectivamente. Y la principal causa de esta desconfianza viene influída por el gasto en pensiones.

El Gobierno, de hecho –y tal y como adelantó OKDIARIO–, está intentando rebajar la subida de pensiones anunciada por el PNV por el fuerte disparo del gasto. El acuerdo se cerró justo antes de la tramitación de las enmiendas a la totalidad y para evitar un bloqueo al inicio de la tramitación de los Presupuestos. Fue el PNV el encargado de anotarse el tanto a bombo y platillo: una subida generalizada de las pensiones justo de la magnitud que semanas antes el propio Gobierno había dicho que no se podía asumir por su coste económico. Pero que la necesidad de cerrar un acuerdo llevó a Presidencia a firmar y aceptar ante el PNV.

Pacto de Toledo

Ahora, el Gobierno, tras cotejar el fuerte impacto económico en el gasto de esta medida intenta llevar dos puntos clave de esta reforma al Pacto de Toledo, de forma que pueda mitigarse.

Los dos puntos concretos son los siguientes. El primero de ellos, el que afecta a la subida de las pensiones, no en 2018 (al 1,6%), sino en 2019 con el ritmo de la inflación. La idea es conseguir que se ligue a un porcentaje fijo, de manera que se evite la evolución con el IPC, porque lo cierto es que con inflaciones elevadas el aumento de las pensiones en equivalencia generaría un serio problema a la viabilidad de las pensiones futuras.

El segundo es el retraso en cuatro años de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Estaba prevista para enero de 2019, y pasa, según el acuerdo, hasta 2023 como fecha de inicio. Ahora se pretende que, igualmente, este punto se debata en el Pacto de Toledo de forma que se puede evitar una demora similar.

El anuncio posterior a este pacto fue realizado por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que señaló que esas fueron las exigencias en materia de pensiones de su grupo para rechazar las enmiendas de totalidad votadas este jueves. Esteban añadió que el Gobierno contestó afirmativamente a estas exigencias el mismo miércoles.

Unas exigencias que incluían un punto más: la subida de la base reguladora para calcular las pensiones de viudedad, que para este año alcanzará el 56% y en 2019, el 60%. Esteban defendió su propuesta, porque recoge “las reivindicaciones que se están haciendo en la calle”, era “lo justo y lo que había que hacer”. “No contemplábamos otra solución”, afirmó.

Pero lo cierto es que tras el telón político, se disparó la preocupación económica. Primero, porque los Presupuestos españoles deben superar el análisis y seguimiento europeo. Y segundo, porque, en caso de seguir vivo el pacto sin cambio alguno, la aplicación del factor de sostenibilidad –clave técnica para alargar la sostenibilidad de las pensiones– debería decidirse en el terreno de quien gane las próximas elecciones generales.

Es decir, que el problema de anunciar ese factor de recorte a la población jubilada pasaría al siguiente: puede ser el PP, o no. Una inseguridad que las agencias de calificación no suelen tomarse muy bien.