El Gobierno intenta rebajar la subida de pensiones pactada con el PNV por temor a Bruselas

El Gobierno intenta rebajar la subida de pensiones anunciada por el PNV por el fuerte disparo del gasto. El acuerdo se cerró el miércoles pasado. Fue el PNV el encargado de anotarse el tanto a bombo y platillo: una subida generalizada de las pensiones justo de la magnitud que semanas antes el propio Gobierno había dicho que no se podía asumir por su coste económico. Pero que la necesidad de cerrar un acuerdo llevó a Presidencia a firmar y aceptar ante el PNV.

Ahora, el Gobierno, tras cotejar el fuerte impacto económico en el gasto de esta medida intenta llevar dos puntos clave de esta reforma al Pacto de Toledo, de forma que pueda mitigarse.

Dos días después ha llegado la reacción. Y es que Moncloa decidió la subida de las pensiones sin contar con los ministerios económicos a causa de las prisas y la necesidad de conseguir un acuerdo que salvase la tramitación de los Presupuestos del Estado.

Las negociaciones se realizaron con toda urgencia. El PNV tenía que modificar su negativa a aprobar los Presupuestos con el 155 en marcha en Cataluña o el Gobierno del PP se enfrentaba a un problema de continuidad en la legislatura. Y se puso encima de la mesa la subida generalizada de las pensiones desde Presidencia.

El asunto se definió el pasado martes y se aceptó definitivamente el miércoles, tras finalizar las reuniones de Presidencia con el PNV. El resultado fue la adjudicación de una partida que supera los 2.000 millones de euros -1.300 millones de incremento- sin contar con cálculos presupuestarios a medio y largo plazo por parte de los departamentos económicos.

Dos puntos clave

Pero ese acuerdo tiene que pasar el control de Europa. Y, sobre todo, tiene que ser sostenible si España no quiere tener problemas futuros con sus pensiones. Y es ahí donde ha chirriado el acuerdo. En estos momentos se busca que el PNV acepte pasar dos puntos clave de la reforma por el Pacto de Toledo. De forma que, con debate técnico y la mediación de otros partidos, pueda rebajarse parte del gasto.

Los dos puntos concretos son los siguientes. El primero de ellos, el que afecta a la subida de las pensiones, no en 2018 (al 1,6%), sino en 2019 con el ritmo de la inflación. La idea es conseguir que se ligue a un porcentaje fijo, de manera que se evite la evolución con el IPC, porque lo cierto es que con inflaciones elevadas el aumento de las pensiones en equivalencia generaría un serio problema a la viabilidad de las pensiones futuras.

El segundo es el retraso en cuatro años de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Estaba prevista para enero de 2019, y pasa, según el acuerdo, hasta 2023 como fecha de inicio. Ahora se pretende que, igualmente, este punto se debata en el Pacto de Toledo de forma que se puede evitar una demora similar.

El anuncio posterior a este pacto fuer realizado por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que señaló que esas fueron las exigencias en materia de pensiones de su grupo para rechazar las enmiendas de totalidad votadas este jueves. Esteban añadió que el Gobierno contestó afirmativamente a estas exigencias el mismo miércoles.

Unas exigencias que incluían un punto más: la subida de la base reguladora para calcular las pensiones de viudedad, que para este año alcanzará el 56% y en 2019, el 60%. Esteban defendió su propuesta, porque recoge “las reivindicaciones que se están haciendo en la calle”, era “lo justo y lo que había que hacer”. “No contemplábamos otra solución”, afirmó.

Pero lo cierto es que tras el telón político, se disparó la preocupación económica. Primero, porque los Presupuestos españoles deben superar aún el examen europeo. Y tras el anuncio del miércoles, llegó la preocupación del jueves de cuadrar a toda prisa las cifras a incluir en el Programa de Estabilidad presentado este pasado viernes. Y segundo, porque, en caso de seguir vivo el pacto sin cambio alguno, la aplicación del factor de sostenibilidad –clave técnica para alargar la sostenibilidad de las pensiones– debería decidirse en el terreno de quien gane las próximas elecciones generales.

Es decir, que el problema de anunciar ese factor de recorte a la población jubilada pasaría al siguiente: puede ser el PP, o no. Una inseguridad que las agencias de calificación no suelen tomarse muy bien.