El Gobierno justifica la lluvia de millones para la prensa escrita afín en que la digital es «manipulable»

El Gobierno carga contra los «medios de información digital» para justificar los 10 millones en ayudas que ha dispuesto para financiar a los medios impresos afines. «En un mundo donde la información digital puede ser fácilmente manipulada o distorsionada, la prensa en papel suele incluir un mayor nivel de comprobación», reza el texto dónde se establecen las bases reguladoras para estas subvenciones. Un paso más en la ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra la prensa que está informando sobre los casos de corrupción que comprometen a su entorno familiar y político más cercano: su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su fiscal general, Álvaro García Ortiz; y su ex mano derecha, José Luis Ábalos.

«Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la difusión de información y en la formación de la opinión pública, lo que los convierte en pilares fundamentales para el funcionamiento democrático y la cohesión social», apunta la orden impulsada por el Ministerio de Transformación Digital, encabezado por Óscar López, donde se exponen los requisitos y cuantías que el Gobierno va a destinar a los medios de comunicación. Así, desde el Ejecutivo señalan que este paquete de ayudas a medios afines se centrará principalmente en la prensa de papel.

Para justificar esta partida, el Ejecutivo carga contra los medios digitales, acusándoles de publicar una información menos verificada. «En un mundo donde la información digital puede ser fácilmente manipulada o distorsionada, la prensa en papel suele incluir un mayor nivel de comprobación y verificación de los hechos, lo que se traduce en mayor fiabilidad, ayudando a combatir la propagación de noticias falsas y manipuladas», expone el texto. Así, Sánchez señala a los medios nativos digitales como fuente directa de bulos.

El ministerio de Óscar López destina 10 millones a medios que desarrollen herramientas «para combatir noticias falsas», coincidiendo con la ofensiva de Pedro Sánchez de acusar a los medios de «acoso» contra él. El Gobierno elevaba a 124 millones la cifra destinada a este fondo de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación, que inicialmente estaba dotado con 100 millones de euros, según señaló públicamente Sánchez. Estos fondos forman parte del Plan de Acción por la Democracia, un polémico plan justo cuando la corrupción rodea a Sánchez y los medios críticos están informando sobre el desarrollo judicial de los diferentes casos que amenazan al presidente del Gobierno.

Persecución de los ‘bulos’

El Gobierno busca propuestas para su plan contra la «desinformación» y la prensa crítica que publican informaciones sensibles contra el presidente y su entorno. Un ejemplo es el informe elaborado por el autodenominado Foro contra las campañas de desinformación, un grupo de expertos constituido bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia. Se define como un «espacio de colaboración entre instituciones públicas y sociedad civil, sector privado y academia» para «impulsar la generación e intercambio de conocimiento sobre el riesgo que la desinformación supone para nuestro Estado democrático y de Derecho y fomentar el debate sobre los mecanismos disponibles para afrontarlas».

Entre algunas de sus últimas iniciativas, se plantea una reforma del Código Penal, en concreto del artículo 510 relativo a los delitos de odio, para «incluir la persecución penal de la difusión pública y maliciosa de contenidos manifiestamente falsos».

«En este sentido, debería valorarse la posibilidad de abrir el debate jurídico, sin prejuzgar un resultado concreto, tanto a nivel nacional como europeo, sobre la oportunidad desde una perspectiva de política criminal de crear nuevo tipo delictivo específico, con todas las cautelas y limitaciones apuntadas, para perseguir penalmente aquellos comportamientos en los que, de manera concertada y coordinada, con manifiesto y consciente desprecio a la verdad se difunden públicamente contenidos falsos o deliberadamente manipulados en los que su autor se representa o pueda representarse razonablemente que de sus publicaciones se van a generar entre la población reacciones de odio, hostilidad, violencia o discriminación, humillación o menosprecio contra personas o grupos por motivos discriminatorios».