El Gobierno busca amordazar a las empresas de alarmas para que no adviertan del peligro de los okupas

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado contra las empresas de alarmas y las señalará por advertir sobre los riesgos de la okupación en sus anuncios. El Ejecutivo realizará un estudio para analizar las «estrategias publicitarias abusivas o engañosas» por parte de empresas de «seguridad privada» que, según la administración central socialista, están «utilizando el riesgo de ocupación [sic] de viviendas particulares» en sus anuncios.

El contrato lo licitó la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión Económica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, de Sumar. Tal y como consta en el Portal de Contratación del Sector Público, el objeto de este servicio es la «realización de un estudio para el análisis del uso, por parte de las empresas de servicios de seguridad privada en viviendas, seguros, inmobiliarias y similares, de estrategias publicitarias abusivas o engañosas».

Todo ello para «analizar» a las «compañías del sector de la seguridad privada», es decir, las empresas de alarmas. El objetivo es conocer si «están desarrollando estrategias comerciales que pudieran considerarse ilícitas y/o engañosas, utilizando el riesgo de ocupación de viviendas particulares». En otras palabras, señalar a estas compañías por advertir del riesgo de la okupación en sus anuncios publicitarios.

El coste de este estudio será de 17.605,50 euros, impuestos incluidos. El contrato tiene un plazo de ejecución de dos meses, es decir, que la empresa adjudicataria tendrá que hacer este estudio en 60 días. La compañía encargada de este trabajo es Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

Éste es un nuevo intento por parte del Gobierno para acallar el problema de la okupación. Concretamente, la parte magenta del Ejecutivo de coalición ya propuso acallar este problema a través de una campaña, financiada con dinero público, que extendiese la idea de que el problema del allanamiento de una vivienda ajena era «un bulo».

Campaña para negar la okupación

La formación de la también ministra de Trabajo exigió al Gobierno, del que forma parte, que pusiera en marcha una «campaña oficial» con el objetivo de «combatir los bulos sobre la okupación». Desde el partido magenta aseguraban que los datos de allanamientos de casas están «cayendo», cuando la realidad es diferente. En el último año, las cifras muestran un aumento de más del 7%, según el propio Ministerio del Interior, encabezado por el juez de profesión Fernando Grande-Marlaska.

El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, presentó una pregunta parlamentaria en la que expresaba la posición de su partido respecto al problema de la okupación. En ella, asegura que estos delitos «llevan dos años cayendo». Para justificarlo, utilizaba datos desactualizados, pertenecientes al 2023. Aseguraba que esta problemática afectaba a 15.289 inmuebles «sobre un parque de 26,6 millones de casas».

La iniciativa del representante de la formación magenta subrayaba que «la mayor parte de la población cree que es un problema mayoritario». Ibáñez afeaba que «recientes encuestas demoscópicas» evidenciaban que «la percepción social es 1.000 veces más grande de lo que es en realidad».

Sin embargo, los datos exponen algo completamente diferente. Las denuncias anuales por allanamiento o usurpación de inmuebles muestran una subida en el último año de más de un 7%, hasta las 16.426, según el Portal Estadístico de Criminalidad de Interior. Pero la cifra es aún mayor si se compara con el último año completo sin Pedro Sánchez en el Gobierno, es decir, 2017. Entonces se produjeron un total de 10.619 denuncias por okupaciones, lo que implica un aumento de un 54,68% en los siete últimos años.

No obstante, el diputado de Sumar consideraba que es «imprescindible combatir las fake news y bulos que deforman el debate público y adulteran la democracia». Tras realizar toda esa exposición de motivos, Ibáñez preguntaba si «tiene previsto el Gobierno de España realizar campañas oficiales para combatir los bulos sobre la ocupación en España».