La Generalitat admite que 2.000 alumnos estudian lengua árabe impartida por funcionarios marroquíes

La Generalitat de Cataluña, que dirige Salvador Illa, ha reconocido oficialmente que 2.000 estudiantes catalanes fueron inscritos en el controvertido Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí durante el curso 2024-2025, según la respuesta parlamentaria facilitada a Vox tras las preguntas registradas por la formación de Santiago Abascal.

La distribución territorial del programa revela su especial concentración en la provincia de Barcelona, donde aproximadamente 1.000 alumnos participaron en estas clases. Le siguen Lleida con 400 estudiantes, mientras que Tarragona y Girona cuentan con 300 alumnos cada una.

Sin embargo, la Generalitat se ha negado rotundamente a facilitar los datos personales del alumnado participante, escudándose en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Una opacidad que impide conocer el perfil real de los estudiantes que acceden a esta formación.

Especialmente llamativo resulta que todos los docentes son funcionarios del Ministerio de Educación Nacional de Marruecos, destinados a Cataluña por períodos máximos de cinco años. La selección de estos profesores la realiza directamente la Fundación Hassan II mediante concurso-oposición entre funcionarios marroquíes, sin intervención alguna de las autoridades educativas catalanas.

Según reconoce la propia Generalitat, estos docentes «suelen ser graduados en Magisterio, si bien algunos tienen titulaciones universitarias que permiten impartir docencia en secundaria», una formulación ambigua que no especifica las competencias reales de estos profesionales.

La respuesta oficial revela otro aspecto controvertido: al tratarse de actividades «fundamentalmente extraescolares», el Departamento de Educación y Formación Profesional no realiza seguimiento específico del alumnado participante, limitándose a considerar estas clases como «actividades complementarias».

Esta falta de control contrasta con la exhaustiva supervisión que la Generalitat de Cataluña ejerce sobre otras materias del currículo educativo, planteando interrogantes sobre los contenidos reales que se imparten y la metodología empleada.

Las preguntas parlamentarias de Vox han puesto sobre la mesa un programa que opera con notable opacidad en el sistema educativo catalán. La formación ha denunciado en repetidas ocasiones lo que considera una «islamización» progresiva de la educación en Cataluña, aprovechando las competencias transferidas en materia educativa.

La negativa a facilitar datos específicos sobre el alumnado y el hecho de que los profesores sean designados directamente por Marruecos alimentan las suspicacias sobre un programa que, según sus críticos, escapa al control democrático de las instituciones catalanas.