García Ortiz obedece a Bolaños y renovará el estatuto fiscal sólo con el apoyo de su asociación

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Mediaset y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Escritora de EL HOMBRE QUE SUSURRABA AL PRESIDENTE. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 30/05/2024 06:48
  • Actualizado: 30/05/2024 06:48

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, obedece a Félix Bolaños y renovará el estatuto fiscal de cara a una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) sólo con el apoyo de su asociación: la Unión Progresista de Fiscales (UPF). El jefe del Ministerio Público reunió a las tres asociaciones para constituir un grupo de trabajo con el objetivo de renovar este estatuto que es uno de los puntos claves para impulsar la nueva LECRim, uno de los objetivos prioritarios de Bolaños. Sin embargo, la asociación mayoritaria de la carrera fiscal, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se levantaron de la mesa y, según ha podido saber OKDIARIO, la AF no volverá a las reuniones y no trabajará en la reforma del estatuto fiscal bajo la tutela del fiscal general.

Álvaro García Ortiz se ha quedado solo en la elaboración de un nuevo estatuto fiscal. El fiscal general propuso una metodología de trabajo y un calendario para que fueran las asociaciones, amparadas por la Fiscalía General, las que comenzaran los trabajos de la elaboración del nuevo estatuto. La primera reunión de trabajo tuvo lugar el pasado 10 de abril y a ella acudieron la fiscal de sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus; el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Arteaga, y el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés. 

La siguiente reunión se produjo el pasado 7 de mayo y la APIF no asistió. Por su parte, la AF también se levantó de la mesa al escuchar unas declaraciones del fiscal general en las que les acusaba de estar politizados. «Entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos. Y eso es una evidencia», aseguró Álvaro García Ortiz días antes de reunirse de nuevo con las asociaciones para renovar el estatuto fiscal.

Estas palabras motivaron a la asociación mayoritaria de la carrera a no continuar negociando y enviaron una carta al fiscal general. «La Asociación de Fiscales, tras las graves e inaceptables insinuaciones recibidas por parte del FGE poniendo en duda nuestra profesionalidad e independencia, comunica al mismo tiempo su voluntad de no continuar en la mesa de trabajo para elaborar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», explicaron en un comunicado. De este modo, manifestaron su voluntad de retirarse del grupo de trabajo al que no volverán.

«No nos merece la pena, si no hay confianza sobre nuestra actuación, no volveremos a ninguna reunión», explican fuentes de la AF consultadas por OKDIARIO. Por el momento, el fiscal general del Estado aún no ha señalado una nueva cita, a la que sólo asistirá la UPF, asociación de la que fue presidente portavoz durante dos mandatos entre el 25 de mayo de 2013 y el 1 de junio de 2017.

La nueva ley

El movimiento de Álvaro García Ortiz de renovar el estatuto fiscal tiene lugar después de que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunciara que el Ejecutivo pretendía impulsar en este 2024 la reforma de la LECrim. Se trata de una iniciativa pendiente del ministerio de Justicia que ha pasado ya por tres ministros.

Bolaños apuntó que el objetivo del Ejecutivo era «adecuar las normas de enjuiciamiento criminal al siglo XXI». «No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y, por tanto, creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una Ley de Enjuiciamiento Criminal», manifestó.

La futura ley aún está pendiente de que el CGPJ presente su informe perceptivo. Fuentes jurídicas señalan que se está ultimando el extenso borrador y que en el mes de junio se llevará a pleno. Las mencionadas voces aseguran que será muy crítico con la reforma que pretende Bolaños, en especial con delegar la instrucción penal a los fiscales en vez de en los jueces, como hasta ahora. Los vocales insistirán en que se garantice la independencia de los fiscales del Poder Ejecutivo, algo que ya han pedido las asociaciones mayoritarias de la carrera que se niegan a renovar el estatuto fiscal bajo la dirección de Álvaro García Ortiz.