España

La Fundación Franco reta a Sánchez: “La profanación de la tumba está más lejos del 10J de lo que imagina”

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunciaba el pasado viernes que la exhumación y posterior inhumación de los restos de Francisco Franco se llevará a cabo el 10 de junio en el cementerio de El Pardo. Y la retadora respuesta de la Fundación Francisco Franco no ha tardado en llegar: “La profanación de la tumba de Francisco Franco está mucho más lejos de esa fecha de lo que el voluntarismo cainita del fraudulento Sánchez imagina”.

La Fundación, que defiende la memoria del dictador, ha contestado así en una nota en la que califica la exhumación de “profanación” por ser contraria al “Estado de Derecho” y en la que responsabiliza a Pedro Sánchez de la decisión de llevar los restos mortales “a donde le pareció más conveniente [a Pedro Sánchez], al Cementerio de Mingo Rubio, para futuras y más anónimas profanaciones de quien fuera Jefe de Estado hasta su fallecimiento”.

El escrito de la Fundación Francisco Franco anticipa la línea de defensa de la familia contra la decisión del Gobierno de seguir adelante con la exhumación y señala que “tal propósito fija la fecha, con la misma pulcritud probabilista con que saludaba el epitafio de un fallecido, al visitante: ‘Como te ves, me vi; dónde yo estoy, tú estarás; no ofendas a Dios, que estás, muy cerca de estar aquí’”.

La Fundación destaca que Sánchez muestra “desprecio” con esta decisión. Desprecio, entre otros puntos, hacia “el respeto a los muertos”; los “lugares sagrados y, por tanto, inviolables (Canon 1205 CDC para la religión católica; art.2.6 de la Ley 25/92 para la religión judía y el art. 2.5 de la Ley 26/92 para la religión islámica)”; y el “Estado de Derecho, base de la civilización, y de cualquier democracia que se precie, al ignorar que tal pretensión se encuentra sub-judice en una doble vertiente; la contenciosa, con medidas cautelarísimas aún vigentes al momento de tomarse esa decisión; y la resolución del Tribunal Supremo, en primera instancia, quien conocerá de los recursos de todas las partes implicadas – familia, Orden Benedictina (iglesia), Fundación F.F., y la asociación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, defensores de los allí inhumados- y cuya resolución, tanto cautelar como de fondo, el Gobierno de Sánchez, parece conocer como favorable o prescindible”.

Señalan desde la Fundación en su nota los puntos que ataca el presidente Sánchez con su decisión. Entre otros, el respeto “a la Iglesia y a la Orden Benedictina encargada de la guarda y custodia de la basílica y del sacrosanto lugar de enterramiento. El odio nubla de tal modo el entendimiento de este Gobierno que ha creado una realidad virtual, trufada de propaganda y viciada de permanentes contradicciones”. Ignora que se trata de un “lugar sagrado”, “destinado al culto” y por tanto “inviolable”, cuya “competencia de jurisdicción” corresponde exclusivamente a la Iglesia Católica, cuyo “acto debe tener la autorización eclesiástica”, en este caso, el del Prior de la Comunidad Benedictina, con “arreglo a las leyes”, recogidas en un Tratado Internacional, supra-legal e infra constitucional, que impide la vigencia de cualquier Decreto Ley que las modifique.

Los guardianes de la memoria de Franco añaden en su escrito que la fijación de la fecha del 10J muestra, además, desprecio al “propio procedimiento incoado por el Ejecutivo de Sánchez, al viciar sus propios cauces procedimentales, produciendo indefensión en cuestiones de legalidad constitucional y defensa de derechos fundamentales a las partes opuestas a la profanación. Al ser un Decreto Ley de ‘caso único’, todo el procedimiento se ha hurtado a la jurisdicción ordinaria, ignorando a las defensas, la legalidad ordinaria y constitucional, y las formalidades establecidas, así como sus argumentos”.

Y, por supuesto, según los defensores de la memoria del dictador, Sánchez muestra “desprecio a la familia del Ex-Jefe del Estado, Generalísimo de los ejércitos, Francisco Franco Bahamonde”, “al pueblo español, al trasladar la profanación al 10 de junio, fecha en la que el actual gobierno no puede garantizar su permanencia y, por tanto, la ejecutividad de su mandato”; “a la inteligencia de un pueblo que aspira a ser gobernado en libertad, paz y bienestar; ajeno a las soflamas, la demagogia y el oportunismo”; y a la “democracia, al resto de las fuerzas políticas y al sistema judicial, del que no se fían o pretenden controlar”.

Por todo ello, la Fundación concluye que “no es aventurado afirmar que Francisco Franco seguirá en el Valle de los Caídos o, el destino de la actual democracia, volverá a transitar por los albañales de nuestra peor historia”.