La Fiscalía pide 22 años de cárcel para el jubilado comunista que envió a Sánchez cartas explosivas

El jubilado comunista de 75 años que envió a Pedro Sánchez cartas explosivas ha sido procesado y la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) piden para él 22 años de cárcel por terrorismo, según ha podido saber OKDIARIO. Pompeyo González ha sido el único responsable de los envíos de sobres con material explosivo que ha sido localizado. Lejos de ser una persona de extrema derecha contraria al Gobierno del PSOE, la investigación policial destapó que se trataba de un nostálgico de la URSS que, como defiende Podemos, rechaza el apoyo total a la OTAN y a Ucrania ante la invasión que sufre desde Rusia. En su casa se encontró propaganda del Partido Comunista y de ETA, un póster de Dolores Ibarruri La Pasionaria, ejemplares del panfleto cubano Gramma y El Capital de Marx.

La fiscal del caso ha elaborado su informe de acusación, al que se adhiere la acusación popular que lidera la AVT. En dicho documento, el Ministerio público califica los hechos de un delito de terrorismo con resultado de lesiones en la trabajadora de la Embajada de Ucrania en España a la que le estalló uno de los sobres y otro delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.

La Fiscalía no tiene dudas de que el responsable de ambos delitos en concepto de autor es el procesado Pompeyo González y, explica, procede imponer una pena de 10 años de prisión (inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficios educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre de 10 años adicionales a la pena privativa de libertad) y otra pena de 12 años por el segundo de los delitos. En total, 22 años por tratar de atentar contra altos cargos del Gobierno español, empresarios y las embajadas de Ucrania y de Estados Unidos. La Fiscalía aclara que el límite del Código Penal de años de prisión es de 20 años como cumplimiento efectivo de la condena. No se hace alusiones a si actuó en colaboración con otras personas.

A esto se suman 12 años de libertad vigilada una vez cumplida la previsible condena al jubilado de las cartas explosivas. Por otra parte, Pompeyo González deberá indemnizar a la trabajadora ucraniana que sufrió heridas en las manos con 1.500 euros más intereses.

La relación del procesado con el régimen postsoviético de Putin aparece varias veces en el escrito fiscal de 15 páginas. El informe recuerda que en su teléfono móvil tenía instaladas las aplicaciones RT Noticias y Sputnik, «dos aplicaciones oficiales de los medios gubernamentales de la Federación Rusa, así como la aplicación Sputnik VPN, enfocada a falsear la geolocalización del usuario».

Además, su histórico de búsquedas recoge textos cómo: «Aprender ruso en 10 días», «donde se fabrican tanques en España» y «últimos vídeos de la guerra de Ucrania». También hizo consultas en Internet sobre: «Si la pólvora se envuelve con clavos puede explotar» y «si no se hace bien, la mezcla de la pólvora puede provocar sin encender». También buscó en Google «Margarita Robles», «nitrato potásico casero» o, entre otros, «mechas de pólvora».

En libertad provisional

«La cantidad de explosivo y su disposición en el artefacto sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados, tanto por la propia explosión de la sustancia, como por el impacto de la metralla incorporada (postas de plomo, tuercas, tornillos, etc.)», relata la fiscal.

El juicio, tal como indican fuentes consultadas por OKDIARIO será en mayo y la Sala de lo Penal llamará previsiblemente a declarar como testigos a varios policías de Madrid y Aragón, un guardia civil, un agente de la embajada de EEUU en Madrid, miembros de la Policía Científica, peritos, la directora general de seguridad de Presidencia del Gobierno, la trabajadora de la Embajada de Ucrania víctima de una de las cartas del jubilado, entre otros.

También se han pedido pruebas periciales tales como informe de un médico forense para calibrar los daños causados en las manos de la mujer ucraniana, análisis del rastro satelital de su móvil, informes de los Tedax y de criminalística, análisis de ADN, etc.

Como prueba documental, se solicita las cámaras de la explosión controlada en el Ministerio de Defensa, información del correo electrónico de Pompeyo González, documentación sobre la entrada y registro en el domicilio, informes de Correos y de la tienda de sellos y cartas a la que acudió el jubilado y los antecedentes penales del procesado.

Pompeyo González, un hombre solitario y sin familia que trabajó como enterrador, no era un loco, según los investigadores. Sabía muy bien lo que sabía y pretendía actuar sin ser cazado como lograron otros autores de cartas bomba. Únicamente fue localizado otro responsable de envíos amenazantes, una carta con una navaja a la ministra Reyes Maroto: fue un ciudadano de 65 años de San Lorenzo de El Escorial con problemas mentales de esquizofrenia que fue juzgado, pero al que no se le condenó a pena de prisión.