Feijóo devolverá «de urgencia» al CGPJ su potestad plena para nombrar jueces cercenada por Sánchez

El Partido Popular está ultimando un documento con las medidas más urgentes a aplicar si llega al Gobierno tras las elecciones generales del próximo 23 de julio (23J). En los 100 primeros días de mandato, Feijóo y su equipo pretenden, entre otras medidas «de urgencia», devolver al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la potestad para nombrar jueces en cualquier circunstancia, incluso aunque el órgano de gobierno de los jueces esté pendiente de renovación, con vocales en funciones por haber concluido su mandato ordinario.

El Gobierno de Sánchez reformó la ley en 2021 para bloquear el nombramiento de jueces por un CGPJ en funciones, lo que ha impactado de lleno y gravemente al curso ordinario de la plantilla judicial. Por tanto, esta medida, fulminar esa cortapisa introducida por Sánchez, es la que el PP está decidido a aplicar de inmediato. Y, para que su efecto sea lo más rápido posible en la plantilla de jueces, Feijóo promoverá esta iniciativa al margen y antes de llevar a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de más larga y compleja tramitación parlamentaria.

Con la reforma de esa ley orgánica atacará más aún la cuestión de fondo sobre la que, además, Europa ha advertido a España: avanzar en una efectiva independencia judicial. Así, el objetivo del PP de Feijóo es modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, de forma que sean los propios miembros de la carrera judicial quienes elijan a la mayoría del plenario del CGPJ. Exactamente, a 12 de los 20 vocales que lo componen, lo que hará que los elegidos desde el poder político pasen a ser una parte minoritaria en ese decisivo órgano constitucional.

Intervenido por la izquierda

Pedro Sánchez maniató al CGPJ a través de una Proposición de Ley (PDL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y Unidas Podemos, para que los vocales no pudiesen efectuar nombramientos mientras estén en funciones.

Al tratarse de una PDL, tanto el PSOE como Podemos evitaron los preceptivos informes jurídicos del propio CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, trámites de consulta que hubieran tenido que producirse si esa reforma se hubiera cursado como proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros -lo que resulta legislativa y políticamente más ortodoxo tratándose de una iniciativa promovida por quienes ocupan el Gobierno de turno-.

Caóticos efectos

PSOE y Unidas Podemos han impedido al órgano de los jueces hacer nombramientos durante más de dos años y medio a través de una ley que, según fuentes judiciales, es «claramente inconstitucional». Esto ha provocado un caos en la Justicia. En la actualidad hay 80 sillas vacías: 22 en el Supremo, 33 en Tribunales Superiores, 24 en Audiencias Provinciales y una en la Audiencia Nacional.

La última vacante se ha producido en el Tribunal Supremo (TS), tras la jubilación del magistrado Miguel Colmenero, de la Sala de lo Penal, que hasta ahora era la única que permanecía indemne en el Alto Tribunal. En el Supremo la situación es especialmente complicada en las salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.

El Supremo estima que en 2023 sólo en esas dos salas más afectadas por las vacantes se dictarán unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 menos en Social), «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al «colapso» de ambas salas. Sin embargo, con la medida de urgencia que prevé aplicar Feijóo para los jueces, se podrán cubrir las ochenta vacantes que existen actualmente y solucionar el problema, evitando así que el retraso en la Justicia vaya a más.